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Opinión

Sin duda el mayor “golpe” que recibió la administración de Jaime Rodríguez Calderón tras la presentación del Paquete Económico 2020 fue el escaso recurso proyectado para sus obras de
infraestructura, en especial para la Presa Libertad.

Aunque el gobierno neoleonés aún tiene margen para cabildear con los legisladores, la cifra propuesta por la Secretaría de Hacienda y las expectativas de “El Bronco” son muy lejanas, lo que dificulta que se pueda llegar a un punto de acuerdo.

La realización de la obra (Presa Libertad) está en serio riesgo, por más optimista que se quiera mostrar la administración estatal.

Si bien Hacienda ya había autorizado un primer monto para la etapa de estudios y preparación, para el 2020, Nuevo León esperaba más de mil 100 millones de pesos, de los que podría recibir apenas 378 millones.

Lee: Presa Libertad está condicionada en Nuevo León

La diferencia no podría ser cubierta por el gobierno de “El Bronco” y la proyección de avance estaría seriamente comprometida.

¿Alternativas? Más endeudamiento, que no pasará por la aduana del Congreso; o bien esperar un milagro de los diputados federales para que le autoricen
más presupuesto.

De parte del gobierno federal, a pesar de los acuerdos y de las negociaciones, el proyecto de la presa no es prioridad.

Sin interés por juicio político a Vital

Una vez más, los diputados del Congreso local pretenden citar al secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, para que explique sobre el estudio de la calidad del aire del Centro Mario
Molina, y por el grave problema de contaminación en Nuevo León.

Apenas ayer la legisladora de Morena, Claudia Tapia, presentó un exhorto para la comparecencia del funcionario.

Esta vez, los legisladores buscan que Vital no tenga pretextos para no acudir al Poder Legislativo a explicar la falta de acciones de la dependencia a su cargo para mitigar la mala calidad del aire, quieren hacer su asistencia obligatoria e incluso tener flexibilidad en los días y con esto evitar que los dejen plantados, como ya ocurrió en este año.

Pero a todo esto llama la atención la tibieza del diputado de Movimiento Ciudadano, Bonifacio de la Garza, quien preside la Comisión Anticorrupción y no parece tener prisa en resolver la solicitud de juicio político a Vital, una petición que es 100 por ciento ciudadana.

Algo que se supone podría atender porque su bancada afirma representar a la ciudadanía. ¿Acaso el legislador pretende otro año sabático en la comisión?

Así se la pasó con la sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, un año sin atender esta ordenamiento judicial.

El día de mañana un grupo ciudadanos volverá a plantarse en el Congreso local para exigir al diputado Bonifacio aterrice la estrategia legal para el juicio político contra Vital.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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