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Opinión

Después de meses de gestiones y de un intenso cabildeo con funcionarios federales, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón al fin pudo presumir el acuerdo que suscribió su gobierno con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la cesión de 172 kilómetros de vías de ferrocarril, en donde se pretende la construcción, entre otras obras, de un tren ligero de pasajeros que en su primera etapa conectará el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo con el municipio de García.

Pero, además de la cesión del Gobierno federal, “El Bronco” también aprovechó la visita de Andrés Manuel López Obrador para tantear un posible apoyo de la Federación para sacar adelante su proyecto de estatizar el transporte público.

El rechazo por parte del Congreso local a la propuesta del Ejecutivo estatal para solicitar recursos extraordinarios por casi 5 mil millones de pesos para tomar el control del transporte es el principal obstáculo para el mandatario.

La solicitud al Gobierno federal podría ser por dos vías. La primera por la vía política, es decir, que los diputados locales afines al proyecto de la Cuarta Transformación dieran su apoyo al plan de “El Bronco” en el legislativo local.

Una segunda vía sería que el Ejecutivo federal le diera su aval al gobierno de Nuevo León para la adquisición de deuda, una situación que con los actuales candados por las reglas de disciplina financiera no es posible.

La reestructura de la deuda del estado en los últimos años y la posibilidad de endeudarse más por proyectos como la puesta en marcha de la Línea 3 del Metrorrey son otros factores que también le juegan en contra a “El Bronco”.

De momento, ni con el apoyo que le ha dado López Obrador a Nuevo León se ve cercano el proyecto de estatizar el transporte público en la entidad.

Iniciativa ciudadana contra la opacidad oficial

La organización Ciudadanos Contra la Corrupción tiene su propia propuesta de reforma para incluir a la Ley de Adquisiciones del estado, la cual se prevé sea presentada en el Congreso estatal en cuestión de días.

Algunos de los puntos más destacados de esta iniciativa ciudadana es la reducción del porcentaje de adquisiciones por adjudicación directa o invitación, el cual abarca entre 75 y 85 por ciento del total de las compras de la administración estatal.

Además se propone la creación de un órgano autónomo, que funcione como regulador en materia de adquisiciones, elaborando propuestas para las bases de los concursos, administrando la plataforma de compras, así como el padrón de proveedores de servicios.

Sin embargo, la iniciativa fue ignorada por los legisladores locales, ya que la única diputada que acudió con la organización para conocerla fue la emecista Mariela Saldívar.


* Esta opinión no refleja la del periódico
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