La reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi coloca al municipio de San Pedro, del alcalde con licencia Miguel Treviño, con la más baja percepción de inseguridad a nivel nacional y a su policía en el primer lugar a nivel nacional.

Esto, sin duda, contrasta con el discurso del candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro, Mauricio Fernández, quien criticó recientemente a Treviño por dejar caer la seguridad en esta entidad.

También acusó de corrupción a la Dirección de Alcoholes, ya que presumiblemente ha dejado operar a los antros fuera de horario y, por ende, dejó entrever que la corporación está infiltrada por la delincuencia organizada.

Mauricio ahora tendría que pensar en una estrategia distinta que no tenga que ver con la seguridad de este municipio, o al menos intentar cambiar su discurso para bajar la intención de voto de su adversario, Miguel Treviño, quien busca la reelección.

Y para el edil con licencia, esta encuesta viene a ser un tanque de oxígeno para su proyecto político y la oportunidad de reforzar sus mensajes con el tema de la seguridad, porque sin duda el regreso de Mauricio lo tiene ocupado y preocupado.

Auditor sin presión legislativa

Si bien la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL) comenzó a entregar la revisión de las cuentas públicas, estos avances son de organismos con poco presupuesto y aún quedan pendientes las relacionadas al gasto público del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón y los municipios metropolitanos.

El titular de la ASENL, Jorge Galván, ya adelantó que será hasta el mes de mayo cuando concluya con las auditorías de los ayuntamientos y gobierno estatal, pues con la contingencia sanitaria por COVID-19 no se ha podido avanzar.

El auditor se la ha pasado de excusa en excusa para no revisar el gasto público y, al paso que va este órgano fiscalizador, en este año será muy complicado conocer cuánto y cómo se ha gastado el dinero público para la atención de la pandemia.

Los diputados del Congreso tendrán la obligación de exigir a Galván que entregue las rendiciones de cuentas a los ciudadanos de manera más eficiente, así como redoblar esfuerzos entre el personal para revisar las cuentas públicas con mayor presupuesto.

Los legisladores también pueden pedir una auditoría especial sobre el gasto por COVID-19 que está haciendo el gobierno estatal. ¿Quién se apunta?