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Opinión

Si la estrategia de Juan Carlos Leal Segovia, diputado local del Partido Encuentro Social (PES), era aprovechar la pandemia por Covid-19 para intentar que pasara desapercibida su iniciativa de reforma al artículo 3 de la Constitución, que abre camino al pin parental, simplemente la jugada no le salió.

La intención de llevar una sesión de bajo perfil y “en lo oscurito” el pasado 14 de mayo en la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo de Jorge de León, incluso sin informar del resultado, tampoco sirvió de nada.

Tan no le salió la planeación al legislador que las redes sociales están inundadas de rechazo al pin parental. El diputado al parecer pasó por alto que muchas personas están en confinamiento y que, por tanto, están más atentas a lo que sucede en el ciberespacio. Incluso, ante el escarnio, parece haberse visto orillado a aclarar la modificación pretendida a la ley y, como dice el dicho, “explicación no pedida y dada, culpa aceptada”.

Lo que omite mencionar el diputado Leal es el camino legislativo que ya siguió la reforma al artículo 1 de la Constitución sobre el derecho a la vida desde concepción hasta la muerte natural, la llamada “ley antiaborto”.

Este rumbo será el mismo que tome el derecho permanente de los padres para elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos. El pin parental, es decir, será invalidado.

El otro golpe a la industria

No solamente el freno que supuso el Covid-19 a las actividades le está pasando factura al sector industrial en Nuevo León.

A las potenciales pérdidas por la contingencia sanitaria también se suma el impacto que genera el robo a transporte de carga, que según cifras de un reporte elaborado por la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) deja una pérdida mensual estimada al sector empresarial en la entidad de 166 millones de pesos.

Según este informe, 53 por ciento de las empresas dijeron haber sufrido este delito durante 2019 o a inicios de 2020 y 79 por ciento de estos hechos se generaron en carreteras federales.

Esto ha ocasionado otras afectaciones adicionales por el incremento en los costos indirectos por seguridad. Por ejemplo, el aumento en 42 por ciento de cuotas de seguros y las afectaciones a choferes, lo que en conjunto genera un costo que supera los 80 millones anuales.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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