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Opinión

En el Congreso de Nuevo León se fragua una maniobra para desechar el juicio político en contra del secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, petición que ha sido interpuesta por ciudadanos preocupados por la mala calidad del aire en la entidad y la ausencia de políticas públicas para contrarrestarla.

Parece que al diputado de Movimiento Ciudadano, Arturo Bonifacio de la Garza, presidente la Comisión Anticorrupción, no le gustó mucho la forma en la que se integró la petición de la ciudadanía y está considerando no continuar con el juicio.

Nos aseguran que hay varios expedientes ya desechados por el legislador emecista, quien pretende ignorar las legítimas peticiones de la ciudadanía o simplemente patear el bote, como se dice coloquialmente, sobre todo en lo que respecta al caso de Vital.

También tiene en la mira la petición de juicio político que interpuso el activista Guillermo Martínez Berlanga, el cual solicitó desde mayo del año pasado, y que está sustentada en la responsabilidad de Vital, como funcionario público, de vulnerar el derecho fundamental de los habitantes y garantizarles un medio ambiente sano.

Pereciera que a “Boni” no le interesa tener un aire limpio en el Estado, que no afecte la salud de la población, a pesar de que cada vez se registran más casos de enfermedades respiratorias en la entidad.

Le recordamos al legislador emecista que Nuevo León es tercer lugar en padecimientos de este tipo.

Transportistas retan a “El Bronco”

La determinación del gobernador Jaime Rodríguez Calderón nuevamente será puesta a prueba tras el desafío que le lanzó un sector de los transportistas en la entidad, quienes el día de ayer decidieron, de forma unilateral suspender el servicio, afectando a cientos de usuarios.

El paro tomó completamente desprevenidos a los usuarios de municipios como Escobedo, Monterrey, Santa Catarina y San Pedro, que tuvieron que buscar alternativas para llegar a sus destinos, o de plano regresarse.

Las rutas que fueron suspendidas el día de ayer fueron la 96, 155, 226 y 356, y aunque en un principio se dijo que fue por iniciativa de los propios choferes, lo cierto es que la orden vino directamente del consorcio Grupo Lobo Genius, concesionario del servicio.

La única respuesta del gobierno fue una reunión con el director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Noé Chávez, y los empresarios, quienes exigen un aumento a la tarifa.

Ya en otras ocasiones, “El Bronco” ha optado por no hacer nada ante estas acciones y los transportistas parece que ya le tomaron la medida.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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