La consulta que se extiende hasta el 20 de octubre de 2023 brinda la oportunidad a la comunidad y a quienes se preocupan por la conservación ambiental de contribuir con sus perspectivas y sugerencias para fortalecer el programa de protección de la Sierra de Picachos. Foto: Antonio Hernández

Picachos en consulta

Con una extensión de 99 mil 432 hectáreas y ecosistemas diversos que incluyen bosques de pino, encino y matorral xerófilo, esta reserva estatal enfrenta amenazas como la tala ilegal, incendios y el cambio climático

El proceso de consulta pública para el programa de manejo del Área Protegida Natural Estatal “Ecosistemas de la Sierra Picachos” sigue vigente. En este se han incorporado objetivos y medidas significativas destinadas a preservar los valiosos ecosistemas y la biodiversidad que se integra en ese territorio ubicado al norte de Nuevo León.

La propuesta de programa aborda desafíos significativos como la prevención de incendios forestales, la restauración de áreas degradadas y la promoción de la educación ambiental. Con una extensión de 99 mil 432 hectáreas y ecosistemas diversos que incluyen bosques de pino, encino y matorral xerófilo, se reconoce que esta reserva estatal enfrenta amenazas como la tala ilegal, incendios y el cambio climático.

La consulta que se extiende hasta el 20 de octubre de 2023 brinda la oportunidad a la comunidad y a quienes se preocupan por la conservación ambiental de contribuir con sus perspectivas y sugerencias para fortalecer aún más este valioso programa.

A pesar de que incluye ejes esenciales para su gestión, se reconocen estas áreas que demandan mejoras y consolidación. En ese contexto, el proceso de consulta pública se erige como una oportunidad pertinente y oportuna para identificar y abordar estas mejoras, permitiendo así que el programa alcance, al menos en su estructura administrativa, una estructura más favorable en la protección y conservación de este entorno natural único.

Un aspecto de suma relevancia está relacionado con la principal amenaza que enfrenta el Área Protegida Natural, la cual proviene de las explotaciones de calizas en establecimientos mineros conocidos como “pedreras”, con un enfoque particular en la empresa Matrimar. En las proximidades de estas instalaciones y con un impacto directo en el interior del Área Natural Protegida (ANP), se han identificado preocupantes concentraciones de material particulado, así como niveles de contaminación significativos de NO2 y ozono. Además, esta problemática se replica en menor escala en los ranchos destinados a la engorda de ganado ubicados en la vertiente oriente del espacio protegido. Es importante que estas cuestiones sean debidamente consideradas y abordadas en la propuesta de manejo del ANP, con el fin de garantizar la protección efectiva de este valioso entorno natural.

Otro aspecto de gran relevancia se relaciona con el riesgo potencial generado por futuras explotaciones de hidrocarburos no convencionales, específicamente a través de la metodología conocida como fractura hidráulica o fracking, que podrían llevarse a cabo en extensas zonas al sur del Área Natural Protegida (ANP). Es importante tener en cuenta que la Ley de Hidrocarburos establece exenciones para las Áreas Naturales Protegidas, reconociendo la necesidad de salvaguardar estos espacios. En consonancia con esta legislación, resulta esencial que el programa de manejo incluya como requisito obligatorio que la futura estructura administrativa del ANP promueva activamente la declaración de Zonas de Salvaguarda en aquellas áreas del ANP ubicadas dentro de las zonas autorizadas por el Gobierno federal mexicano para actividades de este tipo. Esta medida sería fundamental para abordar de manera definitiva la amenaza potencial que representa la explotación de hidrocarburos no convencionales en el ANP.

Finalmente, en vista de la creciente expansión urbana que se acerca peligrosamente a la zona del Área Protegida Natural Estatal, es necesario establecer medidas para mitigar los impactos inminentes. Estas deben abordar áreas críticas como la gestión de emisiones atmosféricas, la planificación urbana en zonas sensibles como las corrientes superficiales, y la prevención de desarrollos urbanos que puedan dar lugar a riesgos hidrometeorológicos. La protección de la integridad de este valioso ecosistema depende en gran medida de la implementación efectiva de estas medidas para preservar su biodiversidad y resiliencia, en el contexto de la creciente urbanización en la Zona Metropolitana de Monterrey.

 

Twitter: @tonyo_hernandez

 

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