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Opinión

¿Quién dio la orden de disparar contra los internos del Cereso de Cadereyta, provocando hasta ayer la muerte de 17 reos y lesiones de gravedad a más de una docena?

¿Fue Arturo González, secretario de Seguridad, quien pidió a los policías recurrir a la fuerza letal para recuperar el control del penal?, ¿o fue Fernando Garza quien solicitó a los elementos de Fuerza Civil atacar a los internos amotinados cuando se supone que ya habían acordado entregar a los custodios que tenían como rehenes en las azoteas del centro penitenciario?

Desde el Estado nos aseguran que la orden no fue dada por ninguno de estos funcionarios ni tampoco por Manuel González, secretario general de Gobierno, quien desde abril pasado se supone tiene a su cargo los penales estatales.

La orden habría sido dada por Aldo Fasci, director del Centro de Información para la Seguridad del Estado, quien como lo hemos comentado en esta columna se desempeña como el mandamás en la SSP desde la renuncia del general Cuauhtémoc Antúnez.

Lo de la orden no es un tema menor y más ahora que organizaciones de derechos humanos y activistas de Nuevo León llevarán el caso de la matanza en Cadereyta a instancias internacionales como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la misma que investigó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Tiene Cadereyta director polémico

Edgardo Águilar Aranda, director del Penal de Cadereyta, señalado por los reos amotinados de pertenecer al Cártel de los Zetas, tiene un largo y polémico historial en su carrera como funcionario penitenciario.

En el Reclusorio Sur, donde estuvo como director, fue investigado por un tema de tráfico de armas entre los internos de la cárcel capitalina.

Como director del Penal de Almoloya, el funcionario estatal fue denunciado en varias ocasiones por maltrato a los internos. Ha sido investigado por Derechos Humanos en su paso por el Cereso de Hermosillo, el penal de Río Verde San Luis Potosí y como responsable de penales de Tabasco.

Desde junio, Águilar Aranda fue nombrado por Manuel González, secretario general de Gobierno, como director del Cefereso de Cadereyta, por recomendación de Rosa Manuela Félix Valles, comisaria de Administración Penitenciaria del Estado.

Hoy estos funcionarios son los principales responsables de la nueva tragedia penitenciaria que vive Nuevo León, pero a diferencia de los mandos del Penal del Topo Chico, estos siguen en sus cargos protegidos por el secretario general de Gobierno, Manuel González, quien ha sido incapaz de poner orden en las cárceles de Nuevo León.

De Cristina Díaz

A propósito de la columna publicada ayer, la senadora Cristina Diaz Salazar nos aclara que es una fiel militante al PRI, a sus principios y valores. Que su lealtad hacia el tricolor es incuestionable y que si algo la ha distinguido es su institucionalidad.

La legisladora nos aclara que no tiene asesores externos ni vinculados a otras organizaciones.

También el estratega Juan Manuel Alvarado nos contactó para asegurarnos que está dedicado al cien por ciento a la operación y presidencia del Partido Encuentro Social en Nuevo León.

 Su relación con su hermano Jorge Alvarado, responsable de prensa del PRI de Nuevo León, que encabeza Pedro Pablo Treviño, pasa exclusivamente por el tema familiar.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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