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Opinión

Al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está creciendo una crisis que podría afectar a los magistrados electorales, pero sobre todo a la presidenta Janine Otálora, un conflicto que no está relacionado a los ámbitos electorales. Se trata de una estancia infantil en beneficio para los hijos de los trabajadores del Tribunal cuya adecuación costó más de 10.5 millones de pesos según los contratos celebrados con 3 empresas diferentes. Pero más allá de los cuestionamientos de la necesidad de invertir en este proyecto cuando podría haber otras prioridades, fuentes al interior del Tribunal sostienen que la convocatoria para que los trabajadores hagan uso de este espacio ha sido un fracaso, principalmente porque los padres se niegan a dejar a sus hijos en una instalación que consideran poco segura. Además nos comentan que desde la dirección de recursos humanos se externó la preocupación de que ni en el Reglamento Interno ni en ninguna otra disposición se otorgan atribuciones para proporcionar ese tipo de servicios, además de que los responsables de la validación del proyecto no tomaron en cuenta las características y autorizaciones que debe cumplir un espacio de estas características. Atentos.

La operación de los gobernadores tricolor

Los mandatarios estatales priistas fueron clave en la operación política para que los diputados federales del tricolor sumaran sus votos a los de Morena, PES, PT y PVEM para la aprobación de la Guardia Nacional en la Cámara baja. Los votos del PRI eran necesarios para que el partido mayoritario y sus aliados alcanzaran la mayoría calificada que requería la reforma constitucional, pero a cambio, Morena tuvo que incluir ciertas modificaciones como la obligación de la Guardia de actuar de manera coordinada con los gobiernos estatales, así como otras adecuaciones impulsadas por los gobernadores. Los principales operadores en esta negociación, nos comentan, fueron los gobernadores Rafael Alejandro Moreno de Campeche (quien también preside la Conago), Quirino Ordaz Coppel de Sinaloa y Héctor Astudillo de Guerrero, y por parte de la bancada tricolor, el principal operador fue el exgobernador de Coahuila Rubén Moreira.

Vuelta a empezar

Una vez aprobado el dictamen en la Cámara de Diputados, la creación de la Guardia Nacional aún tendrá que ser avalada por el Senado y al menos en 17 de los Congresos locales, aunque el camino no termina ahí. La reforma constitucional, tal y como ocurrió con la Ley de Seguridad Interior, será casi con toda seguridad impugnada a través de diversas acciones de inconstitucionalidad por organizaciones civiles e incluso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tampoco se descarta que los legisladores federales de partidos de oposición puedan presentar un recurso ante la Suprema Corte, aunque para ello tendrían que contar con el respaldo de al menos la tercera parte de los integrantes ya sea del Senado o la Cámara de Diputados, pero lo que es seguro es que esto aún no termina.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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