Que al Gobierno estadounidense, encabezado por Joe Biden, le ocupa y le preocupa la política energética de México es algo que ya ha quedado de manifiesto en la relación bilateral. No es un tema menor que el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, y el embajador del país vecino en México, Ken Salazar, hayan acelerado en los últimos meses las gestiones ante el Gobierno mexicano para el replanteamiento del sector energético a fin de evitar más afectaciones a los intereses estadounidenses.

Como lo han reconocido todos los actores, la relación y el trato han sido muy diplomáticos, y justo tras la reunión en la que estuvieron ayer Kerry, Salazar, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, el discurso parece encaminarse a que puedan alcanzarse acuerdos que beneficien a todas las partes.

Eso sí, como nos hacen ver, las cesiones que pueda hacer el Gobierno de México podrían ser mucho menos profundas de las esperadas, puesto que la prioridad sigue siendo la llamada “soberanía” energética y el rescate de las empresas gubernamentales.

Los objetivos, tanto referentes al cambio climático como en materia empresarial y de inversión estadounidense en México, terminan alineándose, pues la preferencia que le ha dado el Gobierno federal a las empresas del Estado, y la postura que se ha tomado en contra de los extranjeros han orillado a la Casa Blanca a intervenir de manera más directa, pero eso no implica un viraje más brusco.

Laberinto de burocracia

Tras una primera negativa a sus demandas, finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador accedió y emplazó a Pemex a resolver la basificación de sus trabajadores, pero como dice el refrán: “del dicho al hecho, hay mucho trecho”, y si los uniformes y equipamiento apenas empiezan a llegar a cuentagotas después de las denuncias públicas, el proceso para la entrega de base a los trabajadores con mayor antigüedad o en posiciones estratégicas se podría convertir en un desgastante trámite burocrático.

No se duda de que se tengan que seguir las instrucciones del Presidente, pero seguramente el proceso será mucho más largo de lo que se proyecta y, sobre todo, de lo que esperan los propios trabajadores.

Y es que, nos comentan, aún hay muchas solicitudes de jubilación pendientes, lo mismo que ascensos en diferentes áreas, y primero se tendría que comenzar a desahogar todo el trámite, antes de poder hacer espacio para los trabajadores de base.