El más reciente informe publicado por la organización México Evalúa, Hallazgos 2018, no deja en muy buen lugar a Nuevo León en cuanto a su evaluación en materia de procuración de justicia.
Dentro del documento presentado el día de ayer, el estado gobernado por Jaime Rodríguez Calderón ocupó el tercer lugar nacional en el índice de impunidad en el sistema de justicia penal, con un porcentaje del 99.6 por ciento.
Las únicas entidades que salieron peor calificadas que Nuevo León fueron Tamaulipas y Veracruz. Estos estados presentan una efectividad menor a 1 por ciento, debido al uso mínimo de salidas alternas, anticipadas y sentencias respecto del total de casos conocidos, señala el informe. La media nacional de impunidad es del 96.1 por ciento.
No sólo eso, a pesar de que Nuevo León fue considerado un estado pionero en la implementación del sistema de justicia, y fue en donde se realizaron los primeros juicios orales a nivel nacional, la entidad se está quedando rezagada y ahora se ubica en el sexto lugar en la implementación de los nuevos lineamientos de justicia penal.
De un total de 800 puntos máximos, el estado obtuvo 494, muy lejos de los 625 que alcanzó Querétaro, el primer lugar en avance.
Otros estados con un mayor avance fueron Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Yucatán.
Complicaciones constitucionales por sanción
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, está contemplando que la sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón sea bajo la vieja Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
El senador se basa en específico en el artículo 61, el cual establece que el incumplimiento de las obligaciones a cargo del servidor público será considerado grave cuando sea cometido con dolo.
Pero el artículo 106 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León refiere que el gobernador sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común durante el ejercicio de su cargo.
De entrada, el gobernador, cuando presuntamente cometió desvío recursos había solicitado licencia de su cargo, es decir, no estaba en el ejercicio de sus funciones, y por ello, en todo caso quien estaba como mandatario interino era Manuel González, actual secretario de Gobierno.
Nos aseguran que los diputados tendrían además que comprobar que existió dolo, lo cual luce difícil.
Además, el mandatario tendría derecho a una adecuada defensa, y se tiene contemplado que incluso con un amparo se podría revertir esta sentencia y que, finalmente, todo podría quedar en una multa.
