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Opinión

El secretario General de Gobierno de Nuevo León, Manuel González, pretende evadir la sanción que tiene pendiente alegando que existe un supuesto brote de Covid-19 en el Congreso local y, en ese sentido, ya presentó el 6 junio un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde expone el cierre de las instalaciones del recinto legislativo.

El Congreso fue cerrado y sanitizado el pasado 5 de junio por la posibilidad de que algunos de los reporteros que cubren la fuente podrían ser positivos asintomáticos de este virus.

Esto motivó a que ese mismo día diputados locales y personal del Poder Legislativo aplicaran las pruebas para detectar Covid-19, y al menos 11 legisladores y trabajadores tuvieron que “repetir” el examen, porque al primer intento nada más no funcionó.

Incluso nos comentan que hubo reporteros que se hicieron la prueba en un hospital privado y que resultaron negativos, sin embargo, en los exámenes de la Secretaría de Salud obtuvieron un resultado positivo ¿Qué tipo de pruebas tiene Nuevo León?

En cuanto a la posible sanción, nos dicen que si no hay cambios de última hora se someterá a votación el castigo, los últimos conteos informales dejan entrever que podrían no alcanzarse los 22 votos necesarios. Por lo pronto Morena y Movimiento Ciudadano van a favor. La gran duda es el PAN, el grupo mayoritario, pues nos comentan que “El Bronco” podría estar cabildeando con algunos gobernadores panistas para que los legisladores neoleoneses voten en contra de la sanción.

Van por home office en la ley

El diputado Luis Susarrey presentó una iniciativa para crear la Ley de Promoción y Fomento al Trabajo a Domicilio para el Estado de Nuevo León, con la que se pretende que la modalidad de trabajo en casa cuente con un marco legal.

La iniciativa surge de la necesidad de las empresas y de la industria de desarrollar nuevas modalidades de trabajo para enfrentar la crisis sanitaria derivada del coronavirus. Uno de los puntos más relevantes que pretenden promover es la disminución de los traslados y la congestión vehicular y, sobre todo, incentivar a las empresas para establecer programas de trabajo a domicilio mediante apoyos y estímulos fiscales.

Esta propuesta ha resultado atractiva entre algunos círculos empresariales y políticos, nos comentan, aunque aún queda un largo camino para que se convierta en realidad.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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