Esta semana el IMCO presentó el Índice de Competitividad Estatal 2014, donde se califica el desempeño de los estados en numerosas dimensiones.
De esta manera, el índice presentado logra imprimir una imagen del avance o retroceso relativo de los gobiernos en cada tema.
La investigación aporta una idea fundamental que no es del todo entendida en el país: gran parte de la implementación de las políticas son realizadas por los gobiernos subnacionales.
Desde la introducción se habla que el freno o el acelerador lo tienen los gobiernos estatales, así las oportunidades para el crecimiento tendrían que ser aprovechadas por los gobiernos locales.
El rol de materializar los beneficios potenciales de las reformas cae entonces en gran medida en el desempeño de los gobiernos estatales y municipales.
No sirve de mucho invertir en un Gobierno Federal sofisticado, que pueda plantear y pasar reformas que prometen mucho, si no hay infraestructura para su implementación a nivel estatal y municipal.
Tenemos en un extremo el aprovechamiento de oportunidades económicas gracias al tema novedoso de las reformas aprobadas durante la presente administración, y en el otro, vivido desde hace varios años, el combate al narcotráfico.
Para que haya la certidumbre que los inversionistas requieren, se necesita generar un sistema legal eficaz y transparente, además de desarrollar un ambiente de negocios apropiado. Esto lograría potencializar, por ejemplo, la apertura del mercado energético.
Por el otro lado, gran parte de la crisis de la inseguridad se dio en el mejor de los casos por la incapacidad de los gobiernos locales de implementar un Estado de Derecho, y en el peor por coludirse con el crimen organizado.
Pero entre estos dos extremos, toda la gama de la vida diaria que tiene que ver con la buena o mala oferta de bienes y servicios públicos es confrontada con gobiernos subnacionales.
La falta de certidumbre en el cumplimiento de contratos, y la incapacidad de los juzgados locales para aplicar algún castigo; la corrupción que rodea diariamente a los tránsitos con las ´mordidas´; la falta de transparencia y los constantes sobornos en licitación de obras públicas, son ejemplos de las numerosas fallas de los gobiernos subnacionales.
Mientras no haya mecanismos formales y con el suficiente poder para lograr que los gobiernos lleven a cabo una profunda rendición de cuentas y se sometan a una transparencia funcional, difícilmente va a mejorar la calidad de vida de la gente.
Confiar en que el Gobierno Federal de una manera centralizada va a lograr mejorar todos los aspectos de la vida pública sería demasiado ingenuo.
Por tanto, las exigencias al gobierno deben ser correctamente enfocadas. Si bien el Gobierno Federal tiene responsabilidades primordiales, y es válido y necesario exigir que cumpla sus responsabilidades, no se debería dejar a un lado la correcta supervisión de los gobiernos locales.