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Opinión
Nacional
Redes de poder

La nueva Fiscalía General del Estado cumple ya casi seis meses de operación y las prácticas autoritarias de la extinta Procuraduría General del Estado no parecen haberse conrregido con la fusión de la policía estatal que encabezaba Luis Carlos Nájera, actual fiscal general. 

Ahora tocó a la fuente de reporteros que cubren la sección policiaca, pues existe la política de que aquellos que no encajen con el nuevo modelo de información (que se reduce a cero tolerancia a los cuestionamientos en las investigaciones de la FGE) quedarán fuera.

Ya se registró la salida de una reportera de televisión que, tras seis años de servicio en la fuente policiaca fue desplazada a petición expresa del fiscal, quien en repetidas ocasiones fue altivo en las respuestas que daba a las preguntas que hacía dicha comunicadora. 

El colmo fue en la rueda de prensa en la que se anunció la detención de un joven acusado del plagio y posterior asesinato  de los dos menores de edad, Luis Antonio Ortiz y Andrés Barba, quienes –según versiones de la fiscalía- fueron asesinados por hacer “bullying” al hijo de un capo.

Las dudas sobre la resolución del caso llevaron a preguntas en las que el mismo fiscal se negó a dar detalles aduciendo a que “no había interés informativo”.

La reportera en mención insistió sobre la causa de muerte de los jóvenes, a lo que el fiscal respondió “Si tanto queremos ayudar a las víctimas y a  los familiares y nos ponemos casacas de defensores de la gente y de los pobres familiares, no hay ya que torturarlos ni hacerlos sufrir”.

En plena rueda de prensa le reclamó a la periodista haber tergiversado la información del caso y haber atribuido que los jóvenes secuestrados habían colaborado con el crimen organizado.

Bastó que ocurriera un nuevo caso de desaparecidos en el estado, los jóvenes de Lagos de Moreno, para que la fiscalía no solo intentara contener la información sobre el suceso, sino que armara una investigación que dejó muchas dudas al aire. 

De este modo, la intolerancia del fiscal general del estado llegó hasta el medio de comunicación de la reportera, en donde aparentemente pidió la cabeza de la misma para callar sus cuestionamientos.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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