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Opinión

El que no quita el dedo del renglón para obtener un mayor presupuesto para la Fiscalía General de Nuevo León es su titular, Gustavo Adolfo Guerrero, quien ayer dio a conocer que interpuso una controversia constitucional ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado con el afán de que se le otorguen más recursos a este órgano autónomo.

La cantidad que fue aprobada en el Congreso local fue de 2 mil 963 millones de pesos para el año en curso, muy lejos de los más de 6 mil millones que había solicitado e inclusive inferior a los 3 mil 553 millones que recibió en 2018.

Según lo dicho por el fiscal, esta reducción es inconstitucional ya que la Ley establece que el recurso que se entregue en el siguiente periodo no puede ser menor al del año anterior

Guerrero pide al menos 3 mil 75 millones de pesos, más una bolsa adicional para la implementación del plan estratégico de la Fiscalía.

No hay peor lucha que la que no se hace.

Cuentas públicas no son prioridad

O al menos esa es la impresión que queda. La Comisión de Hacienda del Estado del Congreso local tenía programado analizar en su sesión de ayer cinco cuentas públicas del exgobernador Rodrigo Medina y del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, pero la reunión fue suspendida por la inexplicable ausencia de los diputados del PRI y PAN.

Los diputados faltistas fueron los priistas Melchor Heredia y Álvaro Ibarra; los panistas Itzel Castillo, Myrna Grimaldo, Juan Carlos Ruiz y el coordinador blanquiazul, Carlos de la Fuente; pero además llegaron tarde la diputada del Partido Verde, Ivonne Bustos, y Julia Espinoza de los Monteros de Morena.

Su ausencia podría explicarse como un mero desinterés o bien como un acto intencionado para intentar encubrir las irregularidades en las cuentas públicas de Medina y de “El Bronco”, y más aún cuando en una sola de ellas existen 11 causas penales.

¿O de verdad su ausencia se debió a la carga de trabajo que tuvieron estos diputados?

El discurso de las bancadas de que una de sus prioridades en su agenda mínima legislativa sería revisar las cuentas del Estado, solo quedó en una promesa, a pesar de que es obligación revisar el gasto público.

Las cuentas que se iban a dictaminar era Fomerrey 20017, que tiene 11 denuncias penales, y Metrorrey 2015 y 2017; Agencia Estatal del Transporte y Sistema Estatal de Caminos, ambas del 2017. Todas iban en el sentido de rechazo.


* Esta opinión no refleja la del periódico

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Jun 15, 2020
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