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Opinión

El gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón podría tener una importante sanción por haber utilizado recursos estatales para la recolección de apoyos para su candidatura presidencial independiente, al menos es lo que se vislumbra después de la postura de los legisladores del Congreso local, quienes serán los encargados de decretar el castigo correspondiente.

Apenas el 25 de julio, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó de nueva cuenta al legislativo sancionar al gobernador y al secretario general de Gobierno, Manuel González. Ambos están señalados por infringir principios del servicio público, después de que se revelara que 572 trabajadores del gobierno ‘independiente’ recabaron firmas en favor de El Bronco en días y horas laborales.

El senador emecista Samuel García, quien presentó la denuncia en primera instancia pidió a los legisladores la destitución.

Este fin de semana, los dirigentes estatales del PAN y el PRI, Mauro Guerra y Pedro Pablo Treviño pidieron a los legisladores locales un castigo ejemplar para el mandatario, lo cual debe servir para dejar un precedente que evite que un futuro se puedan cometer acciones similares.

Se espera que los diputados de Movimiento Ciudadano respalden la petición de destitución de Samuel García, y a partir de lo declarado por los líderes de los principales partidos en el estado, se prevé que no tendrán consideraciones a la hora de proponer las sanciones.

Ramiro González, coordinador de Morena marcó su raya con la propuesta de Samuel García, y reiteró que la sanción es únicamente competencia del Congreso local.

Aún les quedan algunos meses a los legisladores antes de que se cumpla la fecha límite que estableció el Tribunal, pero por lo que se ha visto hasta ahora, Jaime Rodríguez debe de estar muy preocupado.

Proponen Alerta Alba

El grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, encabezado por Francisco Cienfuegos presentará una iniciativa para que se implemente la ‘Alerta Alba’, un mecanismo que permitirá que las autoridades de los tres niveles de gobierno, en conjunto con organismos de la sociedad civil, participen de forma coordinada en la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas.

En concreto se propondrá la inclusión de un capítulo en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Nuevo León en donde se incluya la Alerta.

Cienfuegos comentó que con esta reforma se establecerá un trabajo coordinado entre corporaciones policiacas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y hoteleras, centrales de autobuses, líneas áreas, cruces fronterizos, hospitales, escuelas, albergues y población en general, lo que permitirá mejorar los procesos de búsqueda y localización inmediata de niñas y mujeres.

Hay que recordar que Nuevo León es una de las entidades que ocupa los primeros lugares en feminicidios, tan solo en lo que va del año se han registrado 24 casos, según cifras oficiales.


* Esta opinión no refleja la del periódico
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