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Opinión

La Agencia Estatal de Transporte, encabezada por Noé Chávez, ha empezado de manera intensa esta semana con la intención de combatir los taxis piratas en la entidad.

El lunes, el director de la dependencia anunció que a más tardar el próximo 15 de noviembre comenzarán a funcionar las rutas exprés operadas por el gobierno de Nuevo León con 80 unidades y que tendrán como destino los municipios de Zuazua, Ciénega de Flores, El Carmen, Juárez y García; y los puntos de partida serán precisamente las bases que hoy utilizan los taxis piratas o colectivos.

Y el día de ayer, la AET comenzó un megaoperativo en conjunto con elementos de la Policía Federal en los municipios del norte de la Zona Metropolitana para detener a los vehículos que prestan el servicio sin autorización, aclarando que no se trata de una acción en contra del servicio de transporte por aplicaciones.

Se trata de dos iniciativas que de ser constantes y acompañadas de una estrategia bien planeada podrían ser efectivas.

Sin embargo, la actuación de la Agencia dirigida por Chávez no está exenta de cuestionamientos, pues desde el Legislativo señalan que la AET no ha informado de manera puntual sobre la implementación de las rutas exprés, por no mencionar que la Ley de Movilidad sigue pendiente.

El optimismo de Colosio

Ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió dos recursos de reclamación interpuestos por el Congreso local por la suspensión de la sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, cambió su semblante de los últimos días y se muestra más optimista ante el futuro inmediato.

Nos aseguran que con este avance, los legisladores emecistas ahora podrían tener tiempo para preparar la postura jurídica del Congreso, pues tendrán que dar la contestación de cada uno de los recursos de reclamación, y luego seguirá el estudio.

Pero esto no detendrá el procedimiento para determinar en el periodo deliberativo las sanciones individuales tanto del mandatario estatal, como del secretario de Gobierno, Manuel González.

Ahora habrá que ver si los recursos tienen un sustento sólido para que la Corte decida retirar la suspensión otorgada por Eduardo Medina Mora contra la sanción, ya que todo está basado en que es una cosa juzgada y un tema electoral.

Por lo pronto se tendrán que esperar 30 días para que la Corte decida su postura, y será ahí cuando veremos qué equipo jurídico se pueda imponer, ¿será los abogados de Gobierno? o ¿del Congreso? Veremos.


* Esta opinión no refleja la del periódico
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