El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, fue claro. Exigió que la explicación sobre el presunto espionaje a la presidenta Dilma Rousseff por parte del gobierno estadounidense fuera “por escrito” y que el propio Barack Obama debía aclarar el caso. El canciller fijó un plazo de una semana para recibir la declaración.
Al mismo tiempo que el gobierno brasileño externaba efusivamente su indignación por las presuntas acciones de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), la cancillería mexicana se expresó de manera más vaga a través de un comunicado.
“El Gobierno de México ha solicitado al Gobierno de Estados Unidos, mediante nota diplomática, una investigación exhaustiva y que, en su caso, deslinde las responsabilidades correspondientes”, se lee en el documento oficial.
Ambos países citaron a comparecer a su respectivo embajador de EU, sin embargo, hasta ayer las acciones de Brasil parecían más concretas. Por ejemplo, el Senado del país sudamericano instaló ayer una comisión especial para investigar las denuncias de The Guardian y O Globo, mientras que los legisladores mexicanos se limitaron a condenar el espionaje.
