Entre 2022 y 2021 la cantidad de migrantes devueltos de México ascendió 6.4 por ciento según la Unidad Política Migratoria. Foto: Especial

Cumbre latinoamericana por el control de la migración: Estos son los temas que deben atenderse

El próximo 22 de octubre representantes de 11 países de la región se reunirán en Chiapas para hablar de la ola migratoria

De enero a agosto de este año, 38 mil 470 personas extranjeras fueron devueltas por las autoridades mexicanas debido a su irregularidad migratoria.

De acuerdo con datos recopilados por la Unidad de Política Migratoria del Gobierno de México, la mayoría de los migrantes retornados provenían de Guatemala, con 17 mil 687; de Honduras, con 13 mil 334, y de El Salvador, con mil 614.

De los migrantes provenientes de países no centroamericanos, la mayoría eran de Ecuador, con 2 mil 284; de Brasil, con 646; de Venezuela, con 543, y de Colombia, con 516. Del total de esos migrantes, el 79.4 por ciento eran hombres y el 20.6 por ciento mujeres.

Debido a esos números, y a que entre 2022 y 2021 la cantidad de migrantes devueltos ascendió 6.4 por ciento, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a una cumbre latinoamericana para el control de la ola migratoria.

Será el próximo 22 de octubre que los presidentes o cancilleres de 11 países latinoamericanos viajarán a Chiapas, precisamente a la localidad sureña de Palenque, para participar en la cumbre.

Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Cuba, Costa Rica, Panamá y Belice serán las naciones presentes en el “acuerdo de buena vecindad” según precisó el presidente López Obrador.

“Es como un acuerdo de buena vecindad contra la pobreza, vecindad por el bienestar de nuestros pueblos, para buscar que, con la ayuda mutua, podamos atender el problema de la migración”, dijo el mandatario.

Así también, afirmó que entre jefes de Estado necesitan reunirse para que haya más diálogo entre los gobiernos latinoamericanos, para que puedan trabajar juntos considerando la “buena relación con todos”.

¿Qué deben tomar en cuenta los presidentes para controlar la ola migratoria?

Para empezar afrontar el reto que representa la migración latinoamericana, la doctora Claudia Edith Serrano Solares, especialista en Estudios Latinoamericanos y docente de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, opina que primero se debe identificar qué perfil tiene cada país ante esta crisis social.

“Cada uno de estos países tiene un rostro distinto frente a la gestión migratoria. Unos son expulsores, otros son de tránsito y receptores. A partir de ese diagnóstico, entonces poder establecer cuáles son los programas sectoriales que se podrían impulsar y bajo qué financiamiento” puntualiza.

De acuerdo con la especialista, el primer tema que se debería abordar es el empleo para que las personas no tengan que emigrar de sus lugares de origen. Para esto, precisa la doctora, se debe impulsar un proyecto que tenga como objetivo el desarrollo económico al interior de cada uno de estos países.

En materia de gestión migratoria, la también docente remarca la importancia de que se refuerce la cuestión operativa de los consulados y embajadas de Estados Unidos en países de América Latina. Con ello, desde sus naciones de origen las personas pueden recibir respuesta de su solicitud de asilo o refugio y eviten exponer su seguridad.

“Deben brindar las garantías necesarias para que (los migrantes) tengan la tranquilidad de que desde sus países de origen no van a ser sujetos de ningún tipo de arbitrariedad“.

Por otro lado, a pesar de que existen diversos acuerdos en materia de protección para el combate al crimen organizado que ha estado vulnerando los derechos de los migrantes, Serrano Solares apunta que se tendría que reforzar la seguridad y atención humanitaria de todos los que buscan una mejor oportunidad de vida fuera de sus países.

Tan solo de enero a agosto pasado, la Unidad de Política Migratoria encontró que 475 personas extranjeras admitieron ser víctimas o testigos de delitos; 49.4 por ciento menos que en 2022.

El 67.2 por ciento admitió ser víctima o testigo de delitos de tráfico ilícito, el 20.3 por ciento de secuestro de menores, el 3.1 de extorsión o chantaje, y otro 3.1 por ciento de robo a personas.

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