El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue enfocado en apretar la correa a las empresas que participan en el mercado energético.

El pasado 29 de marzo, el ejecutivo federal envió una reforma a la Cámara de Diputados con el fin de modificar la Ley de Hidrocarburos para “fortalecer a las empresas productivas del Estado como garantes de la seguridad, así como la soberanía energética”, esto a través de sanciones más severas a las empresas privadas que incumplan con las disposiciones de la ley en materia de calidad y medición de los hidrocarburos o para garantizar “los intereses de la Nación”.

Con estas modificaciones se suspenderían permisos a empresas privadas e incluso las autoridades como la Secretaría de Energía (Sener) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se harían cargo de la administración y operación del permisionario con el objetivo de garantizar los intereses de usuarios finales y consumidores.

Esta reforma no tiene carácter preferente para su análisis y discusión en San Lázaro. Pero se suma a una serie de acciones y modificaciones legislativas que el gobierno de la Cuarta Transformación ha impulsado con el objetivo de privilegiar a las empresas del Estado en el mercado energético.

Entre las medidas que han destacado e incluso provocado acciones jurídicas por parte del sector privado están: la política de confiabilidad eléctrica de la Secretaría de Energía, que rechazó la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los acuerdos para restringir la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos, que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa detuvo; y las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que aprobó el Congreso de la Unión los primeros días de marzo, pero su entrada en vigor fue suspendida de manera definitiva.

Además, los órganos autónomos como la Comisión de Regulación Energética (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) están facultados para vigilar a las empresas privadas que entraron al mercado energético mexicano desde 2017 con la apertura que impulsó la Reforma Energética establecida por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, de aprobarse dichas reformas el Gobierno federal podría tener más controles sobre estas empresas.

“Hay empresas que han sabido aprovechar los recovecos del reglamento para importar combustibles que no han acreditado legalidad y han dado la vuelta a la normatividad, porque este fenómeno se da en importación de petrolíferos vía marítima, es un contrabando, dice la iniciativa y hay algo de cierto en eso”, explica Arturo Carranza, analista del sector energético.

El documento señala que con la iniciativa se busca desincentivar diversas prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos así como reordenar diversas actividades económicas en el sector energético con el fin de combatir la corrupción, garantizar el abasto, así como proteger la economía nacional y los ingresos que percibe el Estado.


La propuesta de reforma (a la Ley de Hidrocarburos) está redactada de manera muy general, lo que ha generado muchas críticas

Arturo Carranza

Asesor energético

Sin embargo, reconoce que aspectos de la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador están redactados de forma muy general y pueden generar interpretaciones jurídicas de todo tipo. Específicamente, se refiere a las modificaciones de los artículos 57 y 59 bis, que contemplan la ocupación temporal, intervención o suspensión de permisos a empresas cuando se prevea “un peligro inminente para la seguridad de la nación” o a fin de “garantizar los derechos de la nación”.

Pero a qué se refiere la ley con “riesgo a la nación”, también se pregunta Ramses Petch, analista y asesor de la industria energética, quien además señala que la iniciativa trata de desaparecer la gestión de los órganos autónomos e instancias que se encargan de evaluar a las empresas privadas o la seguridad de la industria energética.

De hecho, el artículo 57 señala que para dar continuidad a las actividades de las empresas que se encuentren suspendidas o de las que se lleve a cabo ocupación temporal, podrá contratar empresas productivas del Estado para el manejo, control de las instalaciones ocupadas o suspendidas.

Estas medidas incluso podrían generar confrontaciones jurídicas entre países toda vez que afectarían los contratos de empresas extranjeras que ya estaban establecidas en el país, apunta Abril Moreno, socia directora de Perceptia21 Energía.

“Estas leyes no son algo nuevo, lo que se vislumbra es una intención de expropiación a empresas tanto de almacenamiento o suministro de los petrolíferos, pero por lo demás ya habíamos visto desde el año pasado que se empezaron a frenar permisos de importación de combustibles o algunas modificaciones a las partes de hidrocarburos”.

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