México, enfermo de corrupción
El diagnóstico es innegable: México está enfermo de corrupción. La metástasis de este cáncer ha lastimado todo el tejido social, por lo que es indispensable combatir el flagelo desde la raíz. Hay que ir tras las redes de delincuentes de la corrupción.
El primer paso, señala Luis Humberto Fernández, senador del PRD, es reconocer que quienes realizan actos de corrupción no lo hacen solos, sino forman una red de delincuencia organizada y, como tal, debe castigarse.
Imelda García"La iniciativa es muy sencilla. Es no cometer el error de suponer que la corrupción la cometen individuos aislados”
Entre 2000 y 2013 se exhibieron 71 casos de corrupción por parte de 41 gobernadores, de los cuales 16 fueron investigados
El diagnóstico es innegable: México está enfermo de corrupción. La metástasis de este cáncer ha lastimado todo el tejido social, por lo que es indispensable combatir el flagelo desde la raíz. Hay que ir tras las redes de delincuentes de la corrupción.
El primer paso, señala Luis Humberto Fernández, senador del PRD, es reconocer que quienes realizan actos de corrupción no lo hacen solos, sino forman una red de delincuencia organizada y, como tal, debe castigarse.
Para ello, el legislador presentó esta semana una iniciativa para tratar el delito de corrupción como delincuencia organizada.
“La corrupción no la hacen individuos aislados, sino la hacen organizaciones criminales que operan de manera permanente, que tienen una ingeniería, una arquitectura financiera, funcional y una arquitectura política que les da cobertura.
“Cuando hay una metástasis de un problema como este, es que tienes que atacarlo precisamente como se ataca el crimen organizado”, afirmó Fernández.
En entrevista, el congresista sostuvo que la intención es castigar y meter a la cárcel no a una sola persona aislada, sino a todas aquellas que conforman las redes de corrupción que operan en todo el país, y que incluyen a políticos, empresarios o ciudadanos.
“La iniciativa es muy sencilla. Es no cometer el error de suponer que la corrupción la cometen individuos aislados. No es un señor que se pone de acuerdo con otro. Son organizaciones que operan para lucrar del beneficio público de muchas formas. Lo que queremos es que se reconozca esto y que a partir de este reconocimiento se modifique el Código Penal y se modifique la Ley de Crimen Organizado para que los delitos de corrupción tengan el tratamiento de crimen organizado.
“¿Por qué? Porque lo son: son grupos de más de tres personas, organizados de manera sistemática y permanente, para cometer ilícitos. Es reconocer una realidad y que esto se plasme en la ley y que la Fiscalía que entre, tenga el poder suficiente para no atacar hechos aislados”, aseveró.
Luis Humberto Fernández Fuentes llegó al Senado como suplente de Manuel Camacho Solís, quien falleció el 5 de junio pasado, víctima de una enfermedad terminal.
Fernández fue coordinador del consejo asesor de campaña de Miguel Ángel Mancera, el hoy jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Fue delegado en Oaxaca y Guerrero en las pasadas elecciones para gobernador en esas entidades, donde se llevó al triunfo a Gabino Cué y Ángel Aguirre. En el Estado de México también coordinó, pero Alejandro Encinas perdió la elección.
Para el parlamentario, las redes de corrupción se encuentran operando con total impunidad en todo el país.
En el texto de su iniciativa, Fernández señala que es marginal el castigo a quienes llevan a cabo actos de corrupción.
Entre 2000 y 2013 se exhibieron 71 casos de corrupción por parte de 41 gobernadores, de los cuales 16 fueron investigados y sólo 4 de ellos fueron procesados y encontrados culpables
En contraste, menciona, en Estados Unidos 9 gobernadores fueron investigados; todos fueron procesados y detenidos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental 2013 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 7.4 millones de actos de corrupción que se registran en México, únicamente se sancionaron a 12 mil funcionarios, de los cuales solo 140 de ellos llegaron a prisión.
“Si revisas los informes de la Secretaría de la Función Pública, te vas a dar cuenta que prácticamente el número de sancionados e inhabilitados es nulo. Se me hace imposible o increíble que en un océano de corrupción como en el que vivimos, no puedan pescar a un número mínimo para que sea creíble.
“Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Abre la edición de hoy, la de ayer, la de antier, de la última semana, y dime, en Reporte Índigo, un día que no hayan dado cuenta de un acto de corrupción desde que se fundó. Y eso hazlo con cualquier medio nacional y vas a verlo ahí. Es evidente. El tema está ahí. Solo hay que tener las herramientas para afrontarlo”, expuso.
El legislador afirmó que el Estado debe, primero, atacar la corrupción para poder llevar a cabo, después, un combate a los criminales y cárteles de la droga.
La razón es sencilla: si se comienza al revés –como se hizo-, la corrupción echará por la borda el esfuerzo y podría resultar contraproducente, además de volverse un círculo vicioso.
“No tiene sentido que gastes miles de millones de pesos o de dólares, por ejemplo, lo que haya costado aprehender a ‘El Chapo’, para que en un acto de corrupción (se eche a perder) –nadie cree que salió en una obra de ingeniería que nadie escuchó ni vio ni nada-; obviamente hay elementos de corrupción.
“Lo primero es atacar la corrupción. Acabar la corrupción le daría fortaleza al estado para enfrentar otro tipo de males con mayor certeza”, sentenció.
Aunque reconoce que su iniciativa no terminará con el flagelo de corrupción en el país, Fernández apuntó que se trata de un primer paso de muchos que se deben dar para atacar el problema desde su origen.
El legislador, empero, reconoce que entre plasmar los cambios en el Código Penal y la Ley de Delincuencia Organizada, y aplicarlos -en un sistema judicial donde también impera la corrupción-, será todo un reto, por lo que ya se prepara un paquete de iniciativas al respecto.
“Esto es como un gran embudo. Tomemos el caso de la seguridad pública. Miles de millones de pesos al Ejército, a la Marina, a las policías, hacen su trabajo, han pagado con sangre sus costos. Y de repente cae en un número muy limitado de ministerios públicos y después cae en un número limitado de jueces.
“Si nosotros vemos las estadísticas de averiguaciones previas mal integradas, habría que distinguir dos cosas: cuáles fueron mal integradas por una falta de capacitación o por una falta de herramientas”, explicó.
