“No detuvimos a Roberto Martínez de la Vara López Portillo, sobrino del ex presidente, porque la sola denuncia en su contra suscitó un gran nerviosismo entre los grupos políticos allegados a López Portillo.
“Por ejemplo, el hijo de Rubén Figueroa le habló a Emilio Gamboa para preguntarle si era cierto que existía una orden de aprehensión contra su padre.
“El profesor Hank, por su lado, también se alteró mucho, y supe que la familia López Portillo se encontraba en cónclave multifamiliar. Seguramente todos se preguntaban: ¿Quién seguirá? En seguida, López Portillo se movió aconsejado por Hank y por conducto de Galindo Ochoa.
“Este último repartió dinero a la prensa para que la información sobre el asunto se manejara veladamente, que las noticias relativas pasaran a las páginas interiores de los periódicos”.
El relato es de Miguel de la Madrid. El mismo ex presidente que fue objeto de un homenaje póstumo por parte del presidente Felipe Calderón en el Palacio Nacional el 2 de abril pasado.
El testimonio consignado en sus memorias “Cambio de Rumbo” es un claro reconocimiento de la manipulación de la justicia en México.
Sobre todo cuando está en juego el control político y la permanencia en el poder.
Hoy las cosas no son diferentes. Y es que en los primeros 25 días de mayo, en medio de la intensa contienda electoral, sucedió lo que no había pasado en los últimos 12 años.
Estallaron cinco casos en los que se han visto involucrados, por lo menos a nivel mediático, importantes personajes de la vida política de México vinculados directa o indirectamente con el PRI.
Primero fue el tesorero de Humberto Moreira cuando éste gobernó Coahuila. Estados Unidos anunció el pasado 2 de mayo que le confiscarían a Javier Villarreal propiedades valuadas en más de 20 millones de dólares.
El 15 de mayo fueron detenidos los generales Tomás Ángeles Dahuahare y Roberto Dawe por su presunta vinculación, no probada, con el cártel de los Beltrán Leyva.
Lo cierto es que la detención del general Ángeles se dio seis días después de su participación en un foro organizado por el PRI, y en el que criticó la estrategia de seguridad del gobierno calderonista.
El 17 de mayo, Reporte Indigo dio a conocer las transferencias millonarias a una cuenta bancaria en Panamá que hicieron los hermanos del ex gobernador de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong, quien actualmente ocupa la Secretaría de Organización del CEN del PRI.
El político priista negó los hechos. El banco HSBC negó la existencia de las cuentas. Reporte Indigo pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que se investigara el caso.
El 22 de mayo estalló el cuarto escándalo del mes. Se dio a conocer que el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington estaría involucrado en la compra de inmuebles ubicados en Texas con dinero presuntamente obtenido de cárteles del narcotráfico.
Al político priista también se le relacionó con el indiciamiento de uno de sus constructores favoritos, Fernando Alejandro Cano.
La investigación del caso empezó hace varios años. Pero fueron las autoridades estadounidenses las que le fincaron cargos a Yarrington. En México, nadie encontró elementos para hacerlo.
El quinto escándalo fue la aprehensión del ex gobernador de Baja California Sur Narciso Agúndez Montaño. El arresto fue el pasado 24 mayo en Nuevo León.
Agúndez, ex perredista que ahora milita en el Partido Verde, fue acusado por el gobierno panista de Baja California Sur de presunto peculado.
Lo curioso es que el mismo día de la aprehensión, y en la misma entidad, Felipe Calderón señaló que la impunidad y la corrupción “son males endémicos de México que deben ser repudiados enérgicamente por la sociedad”.
“La ley debe aplicarse con todo rigor, sin distingos, caiga quien caiga, sin importar condición o posición social”, dijo el presidente, lo que se interpretó como una clara alusión a los cinco escándalos de mayo.
“Por los casos de servidores públicos que traicionan la confianza ciudadana o por quienes, por omisión, por temor o por corrupción, por cualquier razón, hayan faltado a este deber de salvaguardar los derechos y las leyes, es que hoy vemos algunas regiones del país sufriendo una espiral de inseguridad, incertidumbre, corrupción e impunidad”, dijo Calderón.
En la misma semana, el 24 de mayo, fue extraditado Sergio Villarreal, alias “El Grande”, segundo al mando en el cártel de los Beltrán Leyva. Fue enviado a Estados Unidos 20 meses después de su captura, que se concretó en septiembre de 2010. ¿Qué dirá allá que no dijo acá?
¿Qué tanto han cambiado las cosas en México desde que Miguel de la Madrid instauró su estilo personal de renovación moral?
¿Avanzamos, o la justicia se sigue manipulando, operándose a modo, como lo confesó el propio De La Madrid?
¿Cuántos funcionarios de alto nivel fueron encarcelados por los viejos priistas y cuántos por los gobiernos del cambio? Analicemos.
“Mátalos en caliente, después viriguas”
Nadie podrá rebatir al presidente Felipe Calderón cuando afirma que la corrupción y la impunidad son males endémicos de México.
Lo que le faltó decir es que la manipulación de la administración de la justicia también es un mal endémico, y tan antiguo como la corrupción.
Esos problemas ni siquiera son atribuibles a los 70 años del PRI en el poder. Sería injusto hacerlo. Porque antes de la existencia del tricolor, la corrupción ya era un mal crónico. Y también la perversión de la justicia.
Basta recordar los tiempos en que los Torquemadas de la Santa Inquisición fabricaban culpables con base en falsos testimonios o con confesiones arrancadas con tortura física o psicológica.








