Enrique Peña Nieto diseñó una trampa con la que pretende cazar a los funcionarios corruptos.

El presidente electo tiene lista la iniciativa para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, que sería el azote de quienes violen la ley. 

Los actos de corrupción deben ser pagados con prisión, parece ser la máxima de quien encabezará el próximo gobierno.

Es uno de sus proyectos insignia, y los priistas quieren que sea aprobado antes del primero de diciembre, cuando Peña Nieto tomará protesta como presidente de la República.

El equipo de trabajo involucrado en esta iniciativa, que se hará pública en los próximos días, ya tiene listo el borrador de la reforma constitucional y de al menos 25 leyes más.

La Comisión Nacional Anticorrupción, que tendría facultades para investigar a funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión, contaría con un tribunal especial para los casos de su competencia.

Fuentes del equipo de trabajo confirmaron que el objetivo es que tenga la facultad de atraer casos, como lo hace la PGR.

El organismo estaría integrado por un cuerpo colegiado de cinco comisionados, los cuales tendrían una gestión de siete años y serían sustituidos escalonadamente.

Los nombres serían propuestos por el presidente y requerirían el aval del Senado, como se hace hoy en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y para el nombramiento de los embajadores.

El objetivo es que sea un órgano nacional, sin el concepto de federal. Con la Comisión Nacional Anticorrupción se busca romper el monopolio del ejercicio de la acción penal que hoy tienen los ministerios públicos. 

Los casos de corrupción se podrían investigar a partir de denuncias ciudadanas anónimas. Por eso se busca dotar a la comisión de las mismas facultades que corresponden al Ministerio Público. Para ello, sería necesario reformar el Artículo 102 constitucional.

Una vez en funcionamiento, se podría tener una evaluación de las dependencias y áreas de gobierno con más actos de corrupción. 

Además, la comisión podría involucrar a particulares que participaran en casos de corrupción. Esto significa que funcionarios y ciudadanos estarían bajo la lupa.

Dado que la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción requiere una reforma constitucional, una vez aprobada la iniciativa por las dos cámaras del Congreso, sería turnada a los congresos estatales, ya que se debe tener la aprobación de al menos 17 legislaturas locales.

Después de obtener el visto bueno, se trabajaría en la ley reglamentaria de la reforma. El PRI calcula que, a más tardar, la propuesta se aprobaría en diciembre con el apoyo de todas las bancadas. Y a partir de 2013, se trabajaría en la ley que regiría a la comisión.

Desaparecer Función Pública

El tema no es nuevo. Combatir la corrupción es siempre parte de los discursos de los políticos. Pero pasan los años y el delito subsiste a los proyectos de todos

La propuesta contempla la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyo presupuesto sería destinado a la comisión. Y es que los miembros del equipo de trabajo coincidieron en que el nuevo organismo debería operar con total independencia.

La SFP actualmente depende del Ejecutivo, mientras que la Auditoría Superior de la Federación es un órgano de la Cámara de Diputados.

Se mantendrían las contralorías de cada dependencia, y su funcionamiento se apegaría al formato, reglas y objetivos de la Comisión Nacional Anticorrupción. 

El tema no es nuevo. Combatir la corrupción es parte de los discursos de los políticos de todos los partidos. Cada uno con su estilo, pero siempre existe una dependencia u organismo dedicado a esa función. La realidad es que pasan los años, y la corrupción subsiste a los proyectos políticos de todos los partidos y de todos los políticos.

En septiembre de 2009, Felipe Calderón anunció la desaparición de la SFP y de la secretarías de la Reforma Agraria y Turismo, pero nunca prosperó el proyecto.

A pesar de que envió una iniciativa al Congreso de la Unión, jamás se dictaminó. Se quedó en la famosa congeladora legislativa.

El argumento fue que con la desaparición de esas dependencias, se generaría un ahorro significativo para el gobierno federal.

La SFP nació en el sexenio de Miguel de la Madrid como Secretaría de la Contraloría de la Federación. Cuando llegó Vicente Fox a la Presidencia, cambió su nombre a Secretaría de la Función Pública. 

Sin embargo, siempre ha sido una dependencia con magros resultados a pesar de que Francisco Barrio Terrazas, su primer titular panista, aseguró que caerían “peces gordos”.

Ampliar el IFAI 

La cantidad de comisionados del IFAI pasaría de cinco a siete. Además quieren dar autonomía constitucional al organismo para que pueda cumplir sus funciones libremente

La Comisión Nacional Anticorrupción es uno de los tres proyectos que Enrique Peña Nieto presentará como presidente electo, y quiere que todos sean aprobados antes de su toma de posesión. 

Los otros dos son crear un organismo para regular la contratación de publicidad gubernamental y ampliar las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información.

Peña Nieto presentó ayer la iniciativa referente al IFAI y adelantó que en los próximos días enviaría la de la Comisión Nacional Anticorrupción.

“Es claro que hoy tenemos una estructura administrativa, el aparato del Estado mexicano, que no necesariamente responde a los desafías y retos que México tiene. Y en este ajuste está el de crear la Comisión Nacional Anticorrupción y hacer una reforma administrativa, y a partir de ello, dar paso a las distintas reformas de carácter estructural que nuestro país requiere”, señaló.