La Barra Mexicana de Abogados capítulo Nuevo León insistirá en concretar un foro de diálogo con los diputados del Congreso local para debatir sobre la reforma aplicada en días anteriores a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que disminuirán el número de magistrados.

Miguel Zárate, presidente de la asociación, enfatizó que en Nuevo León incluso es necesario contar con más juzgadores debido al nivel poblacional que hay en la entidad, que supera los 4 millones de habitantes.

El dictamen aprobado en la pasada Legislatura exhibe los motivos políticos que empujaron a los actuales diputados a reducir el número de magistrados del Poder Judicial del Estado.

En el estudio, aprobado por la anterior Comisión de Justicia y Seguridad Pública, imperaron los argumentos técnicos y un estudio para aumentar de 16 a 20 el número de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La Comisión era presidida por la entonces diputada María de los Ángeles Rodríguez. Entre los integrantes se encontraba Luis David Ortiz y Fernando Elizondo Ortiz.

Rodolfo Villarreal Hernández “El Gato”, líder del Cártel de los Beltrán Leyva en el municipio de San Pedro, fue señalado como quien habría ordenado la ejecución del abogado Juan Jesús Guerrero Chapa.

El nombre de este capo salió a relucir en el juicio que se realiza en la Corte Federal del Distrito Norte de Texas contra integrantes del Grupo Rudo del alcalde Mauricio Fernández. 

El juicio contra los integrantes del Grupo Rudo del alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, comenzará este lunes en Estados Unidos.

El proceso en contra de Jesús Gerardo Ledezma Cepeda, su hijo Jesús Gerardo Ledezma Campano, y José Luis Cepeda Cortés se desahogará en la Corte del Distrito Norte del estado de Texas (Fort Worth).

Los tres están acusados del delito de planear el asesinato de Juan Guerrero Chapa, exabogado del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén e informante de autoridades de Estados Unidos.

La mayoría de los mexicanos consideran a la tortura como una práctica igual o más grave que otros delitos como el homicidio, violación o secuestro, sin embargo, más de la mitad consideran aceptable la tortura como castigo a quienes cometen delitos graves.

Estos resultados se desprenden del ‘Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura’, presentado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a través de su Comité de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CTTCID).