Durante el sexenio de Felipe Calderón, gran parte de las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) tuvieron como pilar fundamental las informaciones de detenidos relacionados con el crimen organizado, quienes decidieron “cooperar” a cambio de beneficios legales e, incluso, económicos.

Después de más de dos meses y medio de desacatar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los diputados locales aprobaron la creación de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo Municipal.

Ayer, el Congreso del Estado votó esta iniciativa promovida por el Ayuntamiento de San Pedro hace dos años, pero dejó pendiente la creación de un capítulo para definir el “daño patrimonial”, solicitado por el mismo Municipio en la controversia constitucional.

Un juez federal ordenó a los diputados romper su silencio y responder si admiten una denuncia de un particular para someter a juicio político a las magistradas Juana María Treviño Torres y Aurora Gámez Cantú.

El abogado litigante Alberto Sada Robles solicitó desde hace más de ocho meses esta acción contra las funcionarias por diversas irregularidades cometidas en el Tribunal de Justicia Administrativa.

El particular presentó un amparo el 5 de octubre de 2012 para demandar una respuesta de los legisladores a esta petición.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta para que los municipios puedan tener sus propios tribunales.

Una controversia constitucional interpuesta por el ayuntamiento de San Pedro Garza García en Nuevo León lo faculta para contar con un Tribunal de lo Contencioso y Administrativo Municipal.

Un fallo que data de junio del 2012 obliga al Congreso local de ese estado norteño a crear una ley para que el municipio tenga su propio órgano para dirimir las diferencias entre particulares y el gobierno municipal.

La justicia española dictó ayer órdenes de detención internacional contra 6 ex militares chilenos y un estadounidense vinculados al régimen de Augusto Pinochet para ser juzgados en Madrid por su presunta participación en el asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976.