La Procuraduría General de la República emitió una medida cautelar que podría regresar la posesión del casino La Fortuna a sus propietarios legítimos, actualmente recluidos en el penal de Cadereyta.

A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, la PGR giró la orden de dejar sin efectos un acta de accionistas fraudulenta, que permitió el despojo del centro de apuestas a un grupo de gente dirigido por el juez suspendido Luis Armando Jerezano Treviño.

El juez suspendido Luis Armando Jerezano Treviño encontró en el exclusivo Condado de Orange, ubicado al norte de Miami, la guarida perfecta para sus operaciones en Estados Unidos.

Pero ahí enfrentó un juicio hipotecario que culminó con la subasta de un departamento de su propiedad, localizado en una de las zonas de mayor crecimiento y plusvalía en todo el estado de Florida.

El abogado relacionado con el Cártel del Golfo que depositó casi 1 millón de dólares al juez suspendido Luis Armando Jerezano Treviño, también es investigado por la Agencia Antidrogas estadounidense por lavado de dinero.

La dependencia incautó una cuenta bancaria que al momento de ser asegurada superaba los 900 mil dólares a favor del litigante, quien representa a un operador financiero del narcotraficante extraditado Juan García Ábrego.

El juez Luis Armando Jerezano Treviño es quizás un personaje intocable para las autoridades ministeriales y judiciales de Nuevo León, pero no para la Procuraduría General de la República.

La PGR le sigue los pasos, tras obtener la confesión de uno de sus operadores clave que lo liga al cuñado del capo extraditado Juan García Ábrego y lo señala como el autor intelectual del despojo de La Fortuna, así como del secuestro de uno de los socios de ese casino.

La DEA, la Agencia Antidrogas estadounidense, tiene bajo la mira al juez federal suspendido Luis Armando Jerezano Treviño, por presunto lavado de dinero que proviene de actividades relacionadas con el narcotráfico.

La dependencia investiga depósitos bancarios a favor de él y de su esposa, realizados por un abogado vinculado con el crimen organizado.

En menos de un año, las cantidades sumaron cerca de un millón de dólares.