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JUEZCASINERO

DEA congela cuenta de juez casinero

Javier Estrada

La DEA, la Agencia Antidrogas estadounidense, tiene bajo la mira al juez federal suspendido Luis Armando Jerezano Treviño, por presunto lavado de dinero que proviene de actividades relacionadas con el narcotráfico.

La dependencia investiga depósitos bancarios a favor de él y de su esposa, realizados por un abogado vinculado con el crimen organizado.

En menos de un año, las cantidades sumaron cerca de un millón de dólares.


Ene 22, 2014
Lectura 11 min
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Las transacciones iniciaron exactamente un mes después de que Jerezano Treviño resolvió devolver el fraccionamiento ‘Las Margaritas’ a Juan Chapa Garza

Recibió depósitos cercanos al millón de dólares del litigante Enrique Adolfo Gutiérrez, relacionado con un intermediario de Juan García Ábrego, creador del Cártel del Golfo

https://www.youtube.com/watch?v=ITlAKmps2wA

La DEA, la Agencia Antidrogas estadounidense, tiene bajo la mira al juez federal suspendido Luis Armando Jerezano Treviño, por presunto lavado de dinero que proviene de actividades relacionadas con el narcotráfico.

La dependencia investiga depósitos bancarios a favor de él y de su esposa, realizados por un abogado vinculado con el crimen organizado.

En menos de un año, las cantidades sumaron cerca de un millón de dólares.

La cuenta bancaria donde se transfirieron esas sumas a nombre de la pareja, ya fichada por la DEA, fue incautada por las autoridades fiscales de Estados Unidos.

Reporte Indigo tuvo acceso a la investigación realizada por la Agencia Antidrogas, donde se revela que el juez Jerezano Treviño recibió directamente esos beneficios del litigante Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón, relacionado con un intermediario de Juan García Ábrego, el creador del Cártel del Golfo.

El abogado, quien es representante legal de Juan Chapa Garza, operador financiero del narcotraficante, depositó grandes cantidades de dinero al juez y a su esposa Claudia Zulema Alanís Treviño, a lo largo de 2007.

Las operaciones se realizaron en una sucursal del banco IBC, ubicada en La Plaza Mall, en McAllen, Texas.

Estas inusuales transacciones llamaron la atención de la institución financiera, que informó a la DEA sus sospechas sobre un probable lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Así que el 6 de diciembre de 2012, la agencia inició oficialmente la investigación internacional contra el matrimonio, la cual culminó con el aseguramiento de los recursos de esa cuenta bancaria.

El vínculo entre el abogado y el juez data desde finales de octubre de 2006, cuando Jerezano Treviño era titular del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila.

En ese tiempo concedió un  amparo y la protección de la justicia federal a Juan Chapa Garza, acusado de delitos contra la salud, para recuperar los bienes que la PGR le había asegurado cuando lo detuvieron y extraditaron a Estados Unidos.

El recurso fue promovido por su representante legal, Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón, quien depositó el dinero a la cuenta del juez suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal.

El juicio, que se registró con el número de expediente 1190/2006, finalmente se ganó y tuvo como consecuencia que la PGR regresara las propiedades aseguradas al operador financiero. 

Una de ellas fue el fraccionamiento “Las Margaritas”, ubicado en Saltillo, que Jerezano Treviño resolvió devolver al extraditado el 2 de septiembre de 2007.

Menos de un mes antes de esa decisión judicial, empezaron a depositar cientos de miles de dólares a la cuenta bancaria que el juez tenía en Texas.

La evidencia documental que se presenta se suma a las pruebas en audio y video que implican a Jerezano Treviño en el despojo del casino La Fortuna a sus dueños.

A lo largo de casi dos años, esta publicación ha dado testimonio del acoso por parte del juez a los casineros Arturo y Pedro Cardona Calderón, y Jesús Andrés González González, quienes actualmente están recluidos en el penal de Cadereyta.

El primero de ellos denunció penalmente a Jerezano Treviño de secuestro y delincuencia organizada, pero el proceso no prosperó.

Como se ha dado a conocer, el juez y un grupo de operadores maquinaron el despojo del centro de apuestas, utilizando un poder legal que contiene firmas falsas, pero a pesar de las evidencias, la Procuraduría de Nuevo León hizo caso omiso y decretó el inejercicio de la acción penal.

A esto se suma la inacción del Consejo de la Judicatura Federal, que desde hace más de dos años inició una investigación interna contra Jerezano Treviño y lo suspendió con el goce del 40 por ciento de su sueldo, pero la indagatoria aún está en estado de resolución.

Mientras en México la justicia parece ir de la mano con el manto de impunidad que rodea a un juez acusado de corrupción, en Estados Unidos se le inicia una investigación que implica a la agencia antinarcóticos más importante de ese país.

Primeras operaciones en McAllen

La DEA inició la investigación internacional de lavado de dinero luego de detectar inusuales movimientos bancarios a favor del juez y su esposa.

De acuerdo con un reporte de la indagatoria, dos agentes asignados al caso con residencia en Houston, Texas, iniciaron sus averiguaciones basados en información recibida por el banco IBC, relacionada con certificados de depósito en una sucursal de McAllen.

Las operaciones revelan que en la cuenta número 2510305026, a nombre de Jerezano Treviño y su cónyuge, se habían depositado miles de dólares sin haber declarado ese dinero al gobierno estadounidense.

“IBC creía que la actividad no parecía tener un objeto lícito y estaba relacionado con lavado de dinero”, se lee en el informe elaborado por uno de los agentes.

La investigación precisa que entre el 2 de octubre de 2007 y el 17 de julio de 2008, la pareja del juez hizo cuatro depósitos que sumaron un total de 108 mil 920 dólares que violaron diferentes leyes federales por contrabandear dinero.

Es decir, esas transacciones de Jerezano Treviño iniciaron un mes después de que resolvió devolver el fraccionamiento “Las Margaritas” a Juan Chapa Garza.

Al internarse en territorio estadounidense, ambos estaban obligados a declarar a las autoridades que llevaban cantidades que sobrepasaban los 10 mil dólares, pero nunca lo hicieron en los meses que realizaron las operaciones.

El reporte detalla depósitos sin declarar que van desde los 18 mil dólares, a los 37 mil 920 dólares.

También pormenoriza las entradas del matrimonio a los Estados Unidos y sus actividades en la sucursal del banco IBC de La Plaza Mall, ubicada en la Calle 10 de la ciudad texana.

Los registros confirman que cruzaron por el Puerto de Entrada del Condado de Hidalgo en cuatro fechas a lo largo de 10 meses para depositar el efectivo.

Todos las operaciones las hizo la esposa, a excepción de una del 23 de abril de 2008, cuando ambos se presentaron para entregar 18 mil dólares.

“Jerezano y Alanís entraron a la sucursal de IBC en la Calle 10, para una cita programada con un representante de cuenta de IBC”, narra el agente en su informe.

“Los registros de entrada confirman que en esta fecha, ambos, Treviño y Alanís, pasaron por el Puerto de Entrada de Hidalgo hacia los Estados Unidos a las 12:22 a.m.”.

El reporte de la DEA sugiere que la esposa mintió en sus declaraciones.

Según el documento, cuando depositó 35 mil dólares el 25 de marzo de 2008, ella aseguró a un representante de cuenta que había declarado el efectivo en el Puente Internacional.

Pero la investigación afirma que no se localizó ninguna declaración del dinero que se importó a los Estados Unidos desde México en todas las ocasiones que ella y el juez se internaron en territorio extranjero.

“Después de ser cuestionada por un representante de cuenta de IBC sobre la supuesta declaración en el Puerto de Entrada el 25 de marzo de 2008, Alanís hizo dos grandes depósitos más en efectivo en los siguientes cuatro meses”, indica.

“Ambos depósitos en efectivo en moneda de Estados Unidos fueron exactamente por $18,000”.

Tras los cuestionamientos en el banco, los agentes advierten que los movimientos posteriores a julio de 2008 se realizaron en cantidades menores a los 10 mil dólares y de forma remota.

¿Un ejemplo del Poder Judicial?

Desde 2012, Reporte Indigo documenta la impunidad y la serie de denuncias contra el juez Luis Armando Jerezano Treviño.

De juez suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal, con goce de sueldo, pasó a ser acusado de corrupción, secuestro, delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero por la DEA.

Juez suspendido con saldo millonario

Existe evidencia de que poco antes que se obtuvieron beneficios dentro del juicio de amparo que le regresó los bienes al extraditado Juan Chapa Garza, empezó a fluir el dinero en la cuenta bancaria de Jerezano Treviño.

En esa época se reflejaron dos depósitos que hizo el abogado del operador, Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón, al juez federal que suman casi un millón de dólares, de acuerdo con los estados de cuenta y las fichas de depósito a los que accedió Reporte Indigo.

Un primer depósito de 301 mil 500 dólares se hizo el 20 de agosto de 2007.

Mientras que una segunda operación, del 17 de diciembre del mismo año, ascendió a los 606 mil 214 dólares.

Esta última se hizo después de amparar al intermediario de Juan García Ábrego.

Ambas transacciones fueron realizadas por el litigante a favor de Claudia Zulema Alanís Treviño, quien comparte la cuenta con su marido.

Al momento en que el dinero fue incautado por la DEA, el saldo reflejado llegó a ser de un millón 556 mil 581 dólares.

El gobierno estadounidense absorbió estos recursos el 19 de enero de 2012, cuando se expidió un cheque con la totalidad del saldo, a favor del fiscal de Distrito del Condado de Hidalgo.

DEA ficha a Jerezano y a su esposa

Jerezano Treviño y su esposa, quien fue cómplice de estas operaciones, fueron oficialmente fichados por la DEA.

Según el reporte de la investigación, la pareja fue añadida a las bases de datos de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. 

Ambos fueron indizados en el Narcotics and Dangerous Drugs Information System (NADDIS, Sistema de Información de Narcóticos y Drogas Peligrosas).

Al juez se le asignó el número 7570211, mientras que su cónyuge fue fichada con el 7570188.

Los dos estuvieron involucrados directamente en la investigación internacional de lavado de dinero que abrió la dependencia.

La cuenta en la que se realizaron las transacciones fue abierta en un inicio a nombre de la esposa el 19 de marzo de 2007, con un depósito de apertura de 92 mil dólares, según el contrato con el IBC.

Sin embargo, el 17 de octubre de 2008, cuando la cuenta ya sumaba cientos de miles de dólares, ella añadió a su marido como el titular de ese instrumento bancario.

La esposa declaró a la institución financiera que ella era ama de casa, pero que su fuente de ingresos provenía de su marido y una empresa, solamente identificada como “Computadoras del Centro”.

En cambio, el juez federal precisó que simplemente era abogado.

¿Quién es Luis Armando Jerezano Treviño?

El juez de Distrito Luis Armando Jerezano Treviño fue suspendido hace dos años  por el Consejo de la Judicatura Federal por conceder un amparo a Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V. 

Esta empresa fue la operadora inicial del trágico casino Royale, donde murieron 52 personas en un ataque del crimen organizado.

El órgano judicial lo suspendió con goce de sueldo e inició una investigación interna en su contra, que hasta la fecha no resuelve.

Antes de fungir como juez en Saltillo, Coahuila, Jerezano Treviño era titular del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, donde concedió un amparo a Juan Chapa Garza, un operador financiero del narcontraficante Juan García Ábrego.

Su resolución permitió al intermediario, acusado de delitos contra la salud, recuperar propiedades que la PGR le había asegurado cuando lo detuvieron y extraditaron a Estados Unidos.

En mayo de 2012, el juez fue denunciado penalmente por Arturo Cardona Calderón, uno de los socios del casino La Fortuna, por secuestro y delincuencia organizada.

La denuncia aportaba pruebas en audio y video que lo implicaban directamente en la privación ilegal de la libertad del casinero, pero la Procuraduría de Nuevo León dictó el inejercicio de la acción penal.

Los dueños de La Fortuna finalmente fueron aprehendidos en un cuestionado operativo ministerial en el que participó el abogado Erick Garza Treviño, uno de los cómplices del juez federal.

Los empresarios fueron trasladados a la cárcel del Topo Chico y más adelante recluidos en el penal de Cadereyta.

A lo largo de dos años, los casineros fueron víctimas del acoso de Jerezano Treviño y su grupo de operadores, quienes finalmente se adueñaron del centro de apuestas el 23 de agosto de 2013, cuando tomaron la posesión del inmueble.


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