El pasado jueves 31 de octubre fue aprobada la Ley de Libre Convivencia, una normativa que causó polémica dentro de los grupos religiosos de Jalisco y abrió casos de centros que “por medio de Dios” dicen curar la homosexualidad con retiros espirituales y apoyo psicológico.

Edgar Ramón Rosales Galarza es un joven que vive en la ciudad de Guadalajara, en el año 2008 ingresó a un retiro para “curar” la homosexualidad, de acuerdo a su testimonio él ya participaba en el activismo pro diversidad y sus intenciones eran las de conocer los procedimientos internos de esos eventos.

“Nosotros no es que tengamos excusas o algo (…) es que nosotros siempre vamos a defender el tema de la unión entre hombre y mujer como matrimonio”, dice Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN).

A casi seis meses de la presentación de la iniciativa de Ley de Libre Convivencia, el PAN sigue con la firme posición de no otorgarle derechos civiles igualitarios a la sociedad, pues según su fundamento, eso otorgaría derechos a los homosexuales.

Después de que a mitad de semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que palabras como “maricón” y “puñal” no están protegidas por la Constitución y su uso puede ocasionar que cualquier persona pueda ser demandada por daño moral al usarlas, se desató una ola de reacciones de todo tipo.

En un fallo histórico de la justicia mexicana contra la discriminación por motivos de orientación sexual, los ministros argumentaron que estas manifestaciones homofóbicas entran en la categoría de discursos de odio.

El marco legal en materia de igualdad y no discriminación debería ser un pendiente prioritario para la 60 Legislatura de Jalisco. 

Y es que ni los esfuerzos del ex diputado local Enrique Alfaro Ramírez, en la 58 Legislatura, ni la presión de las organizaciones civiles en las tres legislaturas pasadas han logrado generar un marco normativo que castigue o prevenga actos discriminatorios.

Después de 138 asesinatos a mujeres en 2012, la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJE) se ve obligada a crear un área especializada en feminicidios.

Según declaraciones del procurador Tomás Coronado Olmos, dicha fiscalía será integrada por 50 personas, pero según fuentes cercanas a la procuraduría solo ocho personas se están capacitando en el tema en este semana. 

Cinco elementos investigadores, tres hombres y dos mujeres, dos secretarios y un actuario.