No hay ninguna invasión. Las organizaciones criminales con operaciones en Jalisco están integradas en su inmensa mayoría por habitantes del propio estado, reclutados aquí mismo, y sólo en una pequeña parte se trata de mexicanos que han provenido de otras entidades del país. 

Un reporte elaborado por la Fiscalía General muestra que de todos los miembros del crimen organizado que han sido detenidos o abatidos en enfrentamientos en el estado, en un periodo de nueve años, de 2007 a hoy en día, siete de cada 10 casos eran originarios de Jalisco. 

Jalisco tiene en Ocotlán uno de sus asentamientos más importantes para el crimen organizado, pero la Policía municipal con la que cuenta se halla entre las que tienen peores antecedentes en la entidad, con vínculos expuestos con la delincuencia y la trata de personas.  

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) ha involucrado a cuatro de los policías de Ocotlán, en la emboscada que sufrió ahí la Gendarmería el 19 de marzo pasado, donde murieron cinco agentes de la División, con seis personas más: tres atacantes y tres ajenas al hecho. 

El combate del Gobierno de Jalisco a las organizaciones criminales en el estado se ha concentrado hasta ahora en sus estructuras encargadas del sicariato y halconeo o vigilancia, con pocos golpes a sus liderazgos y ninguno a sus áreas financieras.   

Según un reporte elaborado por la Fiscalía General del Estado, en el periodo de 2007 a 2015 se ha neutralizado a 586 miembros de grupos delictivos, 544 de estos detenidos y 42 abatidos, y de los cuales tres cuartas partes eran sicarios o halcones (76 por ciento). 

Los enfrentamientos que las fuerzas federales han sostenido en Jalisco durante este año con grupos armados se han colocado entre los más cruentos y con mayores bajas de efectivos, en todo lo que va de la estrategia de combate al crimen organizado que se lanzó desde 2006 en el país. 

La actividad minera ilegal que se desarrolla en los municipios jaliscienses con una fuerte presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es investigada actualmente por la Procuraduría General de la República (PGR) a través de siete averiguaciones previas que tiene en curso. 

Una de estas indagatorias condujo a la PGR hasta uno de los municipios sureños del estado,  que ha aparecido como una constante en al menos un par de los magnicidios que han cimbrado al Gobierno de Jalisco y a la clase política local en menos de un año: Autlán de Navarro.