La inmovilidad del Ayuntamiento de Puerto Vallarta ha ocasionado que prospere la toma de decisiones unilaterales por parte del alcalde, Ramón Guerrero Martínez “El Mochilas”, y se realicen varios negocios particulares en adquisiciones del Municipio.

Esta semana, ocho regidores exhortaron a Guerrero Martínez a liquidar los laudos del Ayuntamiento, pues hay varios requerimientos de parte de instancias judiciales por resoluciones que no han sido acatadas y podrían generar consecuencias legales.

Sus nexos familiares y las conexiones que Antonio Ortiz Mena tenía en los ámbitos financieros y políticos, han sido de gran provecho para sus descendientes.

Las conexiones del “abuelo Antonio” les permitieron obtener una millonaria licitación del gobierno de Baja California para el cambio de placas metálicas en aquella entidad, a través de una empresa fantasma.

Las argucias legales y los achaques médicos han salvado a algunos notables de la política mexicana a evadir el castigo carcelario. 

La excusa más empleada por estos personajes es la enfermedad, y aunque gozaban de cabal salud o inclusive recién llegaban de un viaje de placer, apenas pisan las prisiones empiezan los síntomas que los libran de la celda. 

En otros casos sus delitos son juzgados suavemente como “no graves” y alcanzan fianza para enfrentar en libertad el proceso de justicia penal. 

Los malos manejos de la administración de Jalisco de Emilio González sobre los recursos del Seguro Popular han merecido la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR).

Si bien tuvieron su episodio más grave en el 2012 con la utilización irregular de casi 3 mil millones de pesos, fueron, en realidad, una constante durante gran parte del sexenio del panista.  

A pesar de no haber pasado las pruebas de control de confianza, y tener antecedentes de actuaciones irregulares como funcionarios, cinco agentes de tránsito laboran en la corporación.

Desde el 2012, estos elementos habrían reprobado los exámenes, pero han seguido en su cargo hasta la fecha, a pesar del cambio de estructura por el que ahora la corporación de tránsito forma parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).