Después de intenso jaloneo y profundas negociaciones entre autoridades, legisladores y empresarios por fin “habemus Código Fiscal”.

Los legisladores rechazaron la propuesta del Ejecutivo de incluir una cláusula antielusión.

Esta opción otorgaba al SAT la autoridad para concluir -de acuerdo a su juicio- si una operación realizada por la empresa era de carácter de negocios o no, y con ello fijar las responsabilidades fiscales del contribuyente.