La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los congresos locales no tienen facultades para legislar en materia de arraigo al ser ésta una atribución del Poder Judicial federal.

Si bien los efectos prácticos de esta resolución aún no están claros –falta ver cómo queda el engrose y lo que ocurra en las subsecuentes discusiones de los magistrados que prosiguen este jueves- hay un consenso preliminar.

El consenso respecto a la necesidad de eliminar la figura del arraigo es generalizado.

Es una medida que, según los expertos, va en contra de los estándares internacionales en materia de debido proceso.

Desde que esta figura fue elevada a rango constitucional con la reforma de justicia penal de 2008, la arbitrariedad se abrió paso. 

Sin determinar si es inocente o culpable, la práctica de privar a una persona de su libertad se volvió la regla. Una aberración completa: se antepuso el objetivo de reunir información para luego utilizarla en la etapa de juicio.