¿Y la capacitación en Derechos Humanos?

La información sobre las capacitaciones a elementos de la Policía de Guadalajara es en su mayoría “información reservada”, según el Ayuntamiento tapatío.  

No es la primera vez que dicha autoridad se niega a revelar información sobre su corporación policiaca. A la fecha el Municipio tapatío ha negado en repetidas ocasiones información a este medio sobre lo acontecido el pasado 1 de diciembre del 2012, donde fueron detenidas 27 personas a las afueras de la Feria Internacional del Libro. 

Jonathan Ávila Jonathan Ávila Publicado el
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Carlos Mercado, secretario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, se negó a dar entrevista sobre 
el tema, según 
los encargados 
de comunicación
Ocho meses después de las detenciones, la CEDHJ emitió la recomendación 32/2013 en donde apuntó que fueron violados los derechos humanos 
de los detenidos
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La información sobre las capacitaciones a elementos de la Policía de Guadalajara es en su mayoría “información reservada”, según el Ayuntamiento tapatío.  

No es la primera vez que dicha autoridad se niega a revelar información sobre su corporación policiaca. A la fecha el Municipio tapatío ha negado en repetidas ocasiones información a este medio sobre lo acontecido el pasado 1 de diciembre del 2012, donde fueron detenidas 27 personas a las afueras de la Feria Internacional del Libro. 

En dicho acto, elementos de la policía municipal y estatal actuaron de forma arbitraria, realizando detenciones que violaron la integridad de manifestantes y personas que transitaban por la zona. 

Ocho meses después de las detenciones, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ), en voz de su presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, emitió la recomendación 32/2013 en donde apuntó que fueron violados los derechos humanos de los detenidos.

Violación de los derechos de las víctimas, a la libertad, a la integridad  y seguridad personal, son algunas de los delitos señalados y recomendados al director de Asuntos Internos de Seguridad Ciudadana, al comisario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como al comisionado de Seguridad Pública del Estado y al fiscal central.

De acuerdo a la CEDHJ en julio del 2013 se presentaron 13 quejas en donde se señalaba a la Dirección de Seguridad Pública en Guadalajara, estando entre las 4 autoridades señaladas más frecuentemente ante la comisión.

Algunas de las violaciones más frecuentes son violación al derecho a la integridad y seguridad personal, allanamiento de morada, lesiones, incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia y violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

Aunado a la violación de los derechos humanos, la información sobre capacitación en ese rubro es confidencial para Seguridad Ciudadana, ya que al solicitar la información directamente, personal de la dependencia refirió que ya se ha negado esa información a otros medios de comunicación en Jalisco. 

Al solicitar información al Ayuntamiento de Guadalajara, por medio de Transparencia, este solo entregó información concerniente a otras capacitaciones sin estar en el documento el tema de los derechos humanos.

La capacitación en derechos humanos para elementos de la Policía de Guadalajara se desconoce, ya que dicha información se encuentra como reservada, según la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Guadalajara.

Carlos Mercado Casillas, secretario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, no ha emitido alguna declaración. El reportero de este medio buscó una entrevista con el funcionario tapatío, pero los encargados de comunicación negaron la posibilidad de una cita. 

Sin embargo, de acuerdo al segundo visitador de la CEDHJ, César Orozco Sánchez, la comisión estatal trabaja en conjunto con Seguridad Ciudadana para la capacitación de los elementos, incluso la propia comisión ha impartido los cursos. 

Y apunta que no existen protocolos en la policía para que los elementos reaccionen respetando el proceso de detención y, al contrario, hacen uso desproporcionado de la fuerza.

“El policía desde luego que tiene varias herramientas, incluso el uso de la fuerza para combatir el delito, pero este uso de la fuerza debe de ser restringido, limitado y apegado a los principios de gradualidad y de proporcionalidad”, señaló Orozco Sánchez.

Además indicó que son los policías quienes muchas veces no obedecen las ordenes o las desconocen. 

En referencia a la capacitación en el tema de derechos humanos, reitera que han impartido cursos por parte de la CEDHJ, pero no se tenía la información de cuántos eran los policías que habían sido capacitados.

La recomendación hecha por parte del presidente de la CEDHJ tardó ocho meses, comenta el segundo visitador, ya que las investigaciones en ese tipo de quejas llevan un proceso que tiene sus tiempos. 

“Se tienen que pedir informe a todos los policías y a veces un dato te va llevando a otro. La Comisión en esta administración, del doctor Felipe Álvarez Cibrián, se ha puesto como meta que las quejas no se resuelvan más allá de 10 meses,  a partir de que se reciben. Hay quejas que se resuelven el mismo día, o hasta los 10 meses”, comentó César Orozco.

Existen además violaciones a los derechos humanos no solo en el tema de la protesta social, sino también en el delito de portación de cara, en donde cualquier persona puede ser detenida si se es considerada como sospechosa.

Con el argumento de la seguridad pública y la paz social, el Ayuntamiento ha permitido la detención de personas que no han cometido delito alguno, es el caso de Pavel Ocampo Núñez, quien fue detenido durante los enfrentamientos del primero de diciembre.

Ocampo Núñez salía de las instalaciones de la Feria Internacional del Libro (FIL), al percatarse de una detención arbitraria, comenzó a grabar con su teléfono y al cuestionar las acciones de los elementos fue esposado y acusado de robo calificado y agresión a un elemento.

De acuerdo a Alejandra Cartagena, abogada de los procesados del primero de diciembre, uno de los casos más emblemáticos fue el de Pavel, ya que no se encontraba en la marcha y su delito era uno de los más graves, sin embargo obtuvo la fianza por no encontrarse elementos en su contra.

Por otro lado están otros ejemplos de abuso de autoridad de parte de elementos de la Policía de Guadalajara que han circulado por las redes sociales; videos en los que se muestra cómo son detenidas personas por grabar las detenciones arbitrarias de policías, con el pretexto de dañar el trabajo de un oficial. 

‘Continúa el proceso’

El caso de los 27 detenidos a las afueras de la FIL sigue su curso, de acuerdo con la abogada de los detenidos, Alejandra Cartagena.

“Nosotros seguimos en la averiguación previa, sabemos que ya son ocho meses desde que ellos fueron detenidos y fueron liberados, pero las averiguaciones previas son muy tardadas y más en este caso que son 24 personas, fueron 27 personas detenidas, pero quedan 24 en proceso” señala Cartagena.

Comenta que las denuncias por parte del PRI Jalisco y Televisa Guadalajara continúan sin haber un desistimiento de su parte, de igual forma indicó que no ha habido ningún tipo de acuerdo entre las partes.

Con respecto al Ayuntamiento de Guadalajara, denuncia incongruencias dentro del proceso, pues a pesar de que el presidente municipal Ramiro Hernández dijo a los medios que se retirarían los cargos, solo fue retirado el de daño a patrulla. 

Pero un mes y medio después de retirar dicho cargo, la autoridad señaló otros como robo a un radio y daños a los escudos de los elementos policiacos.

Con respecto a la recomendación emitida por la CEDHJ, Cartagena apunta que ya se había recurrido con anterioridad a levantar quejas, sin embargo el personal de la comisión no atendió sus quejas.

Y apunta: “Fueron regañados, no fueron recibidos, en varios momentos se les estuvo marcando para que mandaran un médico, porque nos preocupaba la situación de las chicas y en ningún momento mandaron un médico, entonces que la Comisión (Estatal) de Derechos Humanos estuvo ahí, no es cierto”.

Además agrega que cuando ella como abogada informó a los medios sobre la falta de atención por parte de la comisión, el presidente de la institución dijo que la abogada mentía con respecto a la participación en el caso.

Cartagena pide a la fiscalía que finalice el proceso de dicha denuncia y se cierre el caso, pues dice que ya no hay elementos para consignar a los hoy 24 procesados. La abogada pide sean sancionados los policías que hicieron uso desproporcionado de la fuerza.

“No estamos a favor de la violencia, estamos a favor de la paz y sobre todo a favor de que haya justicia para todas y todos”, concluyó Alejandra Cartagena.

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