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Y casinos buscan más protección federal

La industria del juego de azar sigue su lucha contra las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Monterrey, encabezado por la alcaldesa Margarita Arellanes.

La operadora de casinos Entretenimiento de México S.A. de C.V., propiedad de Arturo Rojas Cardona, presentó un amparo el pasado 1 de abril para impugnar una inspección de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal al casino Crystal Palace.

La industria del juego de azar sigue su lucha contra las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Monterrey, encabezado por la alcaldesa Margarita Arellanes.

La operadora de casinos Entretenimiento de México S.A. de C.V., propiedad de Arturo Rojas Cardona, presentó un amparo el pasado 1 de abril para impugnar una inspección de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal al casino Crystal Palace.

Los inspectores municipales acudieron el 21 de marzo de este año al centro de apuestas ubicado sobre la avenida Revolución y, derivado de la visita, emitieron el oficio 784/2013CL-SEDUE, que la defensa quiere revocar.

La quejosa reclamó el acto en el juicio de amparo 705/2013, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, a cargo de Javier Rubén Lozano.

El juez federal negó la suspensión provisional, pero la operadora interpuso una queja que fue turnada al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado.

Ayer, esta instancia resolvió en una audiencia incidental que la queja era infundada. 

En tanto, la audiencia constitucional para resolver el fondo del amparo fue programada para el próximo 6 de junio en el juzgado de Distrito.

Por otro lado, fuentes judiciales aseguran que en los próximos días se resolverá el amparo promovido por el casino Foliatti contra la clausura del establecimiento a finales de febrero. 

Comercializadora de Entretenimiento Chihuahua S.A. de C.V. (Comechi), la operadora de este centro de apuestas, presentó en el juicio de garantías un permiso municipal falso para que el negocio continuara operando en la Pulga Mitras.

El mismo juez Lozano concedió la suspensión y ordenó que el Municipio de Monterrey retirara los sellos de clausura.

Sin embargo, Protección Civil del Estado volvió a cerrarlo porque el inmueble no cumple con las medidas de seguridad.

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