La nueva Ley de Educación que propuso la diputada del Partido del Trabajo (PT), María Guadalupe Rodríguez, podría interpretarse en contra del derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Esta ley, que fue circulada el viernes de la semana pasada, fue avalada por mayoría por los diputados del Congreso local el martes. La aprobación ocurrió en medio de la polémica por no realizar mesas de trabajo.

El artículo 17 establece el respeto a la vida desde el comienzo de la concepción hasta la muerte natural.

“Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la planeación familiar, la paternidad y la maternidad responsables, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana y la cultura de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”, dice el apartado XIII.

Y aunque la diputada María Guadalupe Rodríguez tenía la obligación de garantizar en el documento la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, no hizo mesas de trabajo para analizar la nueva ley.

Tampoco se visibiliza la importancia de la educación socioemocional, ni la reorganización de los inmuebles para afrontar una nueva normalidad por los daños causados por la pandemia de COVID-19, por lo que debió ser importante revisar la formación docente para adecuarla a la contingencia sanitaria.


La ley fue avalada sin que se hicieran mesas de trabajo Educación para su análisis

Obligatorios Cendis que dirige Guadalupe Rodríguez

El artículo 12 de la nueva Ley de Educación establece que es derecho y obligación de los neoleoneses hacer que las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años asistan a la escuela, para recibir educación obligatoria.

Esto abre la puerta para que la educación inicial que en Nuevo León se imparte por los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) y cuya directora es la diputada del PT, María Guadalupe Rodríguez, sea obligatoria.

El Congreso local avaló una ley que no responde a las necesidades estatales, pues sólo se adaptó el marco legal. El Gobierno de Nuevo León, los municipios y la federación tendrán que garantizar los recursos para la educación inicial que se imparte en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi).

“En el ámbito de su competencia, las autoridades educativas federal, estatal y de los municipios concurrirán para garantizar la gratuidad de la educación superior de manera gradual, comenzando con el nivel de licenciatura y, progresivamente, con los demás niveles de este tipo educativo”, dice el artículo 43.

La ley también establece la facultad de las autoridades educativas del Gobierno del Estado y municipios para que se puedan coordinar en el desarrollo de planes y proyectos regionales, una competencia que es del Gobierno federal.

El gobierno neoleonés puede vetar la ley de Educación

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, podría vetar la nueva Ley de Educación, al considerar que podría tener un impacto financiero.

Las finanzas del Gobierno del estado no están del todo sanas. Incluso, el mandatario estatal estaría solicitando reestructuración de su deuda por un monto de 3 mil 698.9 millones de pesos.

Hasta el 2020, el Poder Ejecutivo ha registrado un aumento de la deuda de 39 por ciento. Por lo que un punto que podría vetar esta ley es que no se tuvo una discusión financiera.

Hasta ayer, el Congreso local no había enviado la ley para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

También puedes leer: Educación sin ‘polémica’, Ley de Escuela para Padres