A pesar de los altos niveles de contaminación que se registran en la ZMM, las autoridades municipales no han tenido reparo en mutilar los árboles. Foto: Especial

Tala indiscriminada en espacios públicos conduce a NL al ecocidio

La tala indiscriminada por parte del Gobierno y de las administraciones municipales lleva poco a poco a la ZMM a padecer con mayor frecuencia fenómenos como aumento de temperatura y contaminación 

En la actualidad, el mundo enfrenta graves aumentos de temperatura y contaminación debido, en parte, a la tala desmesurada de árboles y a la destrucción de ecosistemas.

El ecocidio, un término que hace referencia a la destrucción masiva de la naturaleza, se ha convertido en un lucrativo negocio para aquellos que buscan obtener beneficios a costa del medio ambiente.

Nuevo León no es inmune a esta dinámica ni a las graves consecuencias del ecocidio local del que son víctimas los ciudadanos, testigos involuntarios de la peor crisis ambiental en la historia del estado.

A pesar de los altos niveles de contaminación que se registran en la Zona Metropolitana de Monterrey, debido a la actividad industrial, las autoridades municipales no han tenido reparo en mutilar los árboles de las plazas públicas.

En un recorrido realizado por Reporte índigo, se pudo constatar que algunos de los parques más emblemáticos de la entidad, tales como la Plaza del Chorro, La Purísima y la Alameda Mariano Escobedo, ubicados en el centro de Monterrey, así como en el sector de Contry Tesoro, al sur el municipio, lucen como postales grises de lo que solían ser debido a un notorio déficit de vegetación, lo que no ha pasado desapercibido para vecinos y visitantes.

Las autoridades justifican la remoción de árboles como parte del proyecto municipal de restauración y renovación del municipio, mismo que, presuntamente, permite el retiro de ejemplares que ya no estén en buenas condiciones para plantar nuevos en su lugar.

Sin embargo, la realidad parece ser distante; en las plazas mencionadas se pueden observar árboles completamente secos, descuidados y que podrían tardar, por lo menos, 30 años en crecer.

Los vecinos de estos sectores han mostrado su preocupación, ya que afirman que las autoridades talan árboles sin ningún tipo de criterio y, en ocasiones, remueven ejemplares con décadas de historia en la zona.

De acuerdo con cálculos provenientes de grupos vecinales, tomando en cuenta información periodística y de organizaciones ambientales, son aproximadamente mil 400 árboles los que han sido derribados en plazas públicas y avenidas durante la última administración municipal.

“El 80 por ciento de la población está presentando problemas respiratorios porque nos está faltando el oxígeno; vivimos en la ciudad más contaminada de la República Mexicana, no me atrevo a decir que del mundo, pero puede ser, y entonces el árbol se encarga de limpiar el oxígeno”, afirmó Laura Martínez, representante de los vecinos de la zona de La Purísima, quienes incluso acudieron al Congreso Local para alertar a los diputados en torno a esta problemática.

¿Qué hay detrás de la ‘renovación’?

Ambientalistas han señalado a la organización Reforestación Extrema como el brazo operativo de la Secretaría de Medio Ambiente.

La organización sin fines de lucro, presidida por Cosijoopii Montero Sánchez, está a cargo del Programa de arborización, consistente en la renovación de espacios verdes, proyecto por el que recibió alrededor de 67 millones de pesos por parte del Gobierno de Nuevo León.

Sin embargo, a pesar de la inversión y de acuerdo con datos oficiales, Reforestación Extrema sólo habría plantado poco más de mil árboles en la Zona Metropolitana de Monterrey, mismos que se encuentran en el abandono.

Tal y como publicó esta casa editorial el pasado mes de febrero, la organización pasó de tener un capital de 50 mil pesos a uno superior a los 41 millones de pesos, repartidos en activos y pasivos laborales.

De tal forma, resulta incomprensible que, en plena crisis ambiental, las autoridades municipales y estatales opten por derribar árboles a través de una organización que, además, no ha plantado los ejemplares suficientes para balancear el déficit, todo financiado con dinero público.

A pesar de que la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano de Nuevo León indica que se puede castigar hasta con 12 años de cárcel a quien realice tala injustificada de árboles, las autoridades decidido mirar hacia otro lado, dejando que el ecocidio local de áreas verdes continúe sin ningún tipo de consecuencia.

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