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Sueños de libertad

Laura Islas

Acusados de un crimen que no cometieron, seis integrantes del pueblo indígena de San Pedro Tlanixco, Estado de México, fueron encarcelados durante más de una década por defender el agua de su comunidad, ahora, no sólo buscan regresar a la vida que dejaron, también exigen medidas para que esto no le suceda a nadie más


Abr 16, 2019

La primera noche que Marco Antonio Pérez González pasó en libertad no quería dormirse, temía despertar al día siguiente y encontrarse en prisión.

Su miedo era válido. Muchas veces, durante los 12 años que estuvo tras las rejas, soñó que estaba en su hogar, pero al abrir los ojos se hallaba en la cárcel.

Él es uno de los seis defensores del agua del pueblo indígena de San Pedro Tlanixco que pasaron entre 12 y 16 años de su vida en un penal, acusados de un asesinato que no cometieron y por el que fueron sentenciados a más de 50 años.

En el tiempo que ha transcurrido de la administración encabezada por López Obrador se han liberado en total a 25 personas en todo el país por ser considerados presos políticos

“El tiempo pasó y no fue un mes, un año, fue más de una década que estuvimos presos por una injusticia. Nosotros nunca fuimos criminales, a nosotros nos criminalizaron por defender nuestros recursos naturales, por defender nuestras aguas”, dice Marco, liberado con dos de sus compañeros el pasado 17 de febrero.

Los otros cinco defensores indígenas son Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Rómulo Arias y Pedro Sánchez Berriozábal. Todos ya se encuentran en libertad con sus familias.

Su crimen: defender el agua de su comunidad, perteneciente al municipio de Tenango del Valle en el Estado de México.

“Cada compañero hemos tenido pérdidas irreparables, pérdidas que ya no se van a recuperar. No son cosas materiales, aparte del tiempo que no se recupera, familiares que ya no están con nosotros y ya no hay remedio para eso”, lamenta Teófilo Pérez.

El caso de los indígenas nahuas de Tlanixco sentenciados a más de cinco décadas de cárcel por defender los recursos naturales de su comunidad es el más emblemático y busca ser el referente de los presos políticos que han obtenido su libertad en lo que va del sexenio.

En total hay 25 personas de todo el país que han dejado la prisión.

“A lo largo de 16 años fueron objeto de un acto de abuso de autoridad en donde se vulneraron gravemente sus derechos humanos y se alteró la vida, no solamente de sus familias, sino de toda una comunidad que se opuso al despojo de un recurso fundamental”.

Así lo reconoció Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el pasado jueves 11 de abril en una conferencia de prensa sobre los defensores.

“Son 16 años de una injusticia que difícilmente se podrá reparar, pero habrá que empezar de nuevo para salir adelante y por supuesto que nosotros vamos a estar atentos para garantizar su tranquilidad y que puedan recuperarse de este tiempo perdido”

- Alejandro Encinas

Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación

El funcionario dijo queactualmente se están revisando en el país 538 expedientes de hombres (479) y mujeres (59) que han buscado la intervención del Estado al señalar que sus derechos han sido vulnerados y se consideran presos políticos.

La mayoría de los casos se concentran en estados con problemas de desarrollo y marginación en comunidades indígenas y en zonas donde hay un conflicto permanente por los recursos naturales asociados generalmente a la explotación minera.

Guerrero encabeza la lista de solicitudes con 140 expedientes, Puebla ocupa el segundo lugar con 71, el Estado de México el tercero con 65, la Ciudad de México el cuarto con 52 y Oaxaca la quinta posición con 51.

“Si queremos pacificar al país, si queremos una reconciliación y que haya justicia tenemos que cerrar esos expedientes con actos de justicia y reivindicación”, dijo Encinas Nájera.

Entre las solicitudes de revisión de los posibles presos políticos están casos de ambientalistas, indígenas y opositores a la reforma educativa.

En enero pasado, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo que aunque en el país no existe la figura de los presos políticos, se trata de personas que han sido encarceladas por manifestarse en contra del sistema.

Viacrucis legal

La liberación de los defensores del agua de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México, tras más de una década de prisión por un delito que no cometieron busca ser un referente para que no ocurra otro caso así en el país.

La situación que los llevó a perder su libertad ocurrió en el 2003, cuando un grupo de empresarios floricultores del municipio vecino de Villa Guerrero, vecino al de Tenango del Valle, acudió con la intención de entubar el agua del río Texcaltenco. Un conflicto ya añejo.

Las autoridades que detuvieron a los seis defensores del agua en San Pedro Tlanixco y a quienes encarcelaron por más de una década lo hicieron sin pruebas y violando el debido proceso

Las campanas del pueblo empezaron a sonar y los pobladores se enteraron y acudieron al sitio: un barranco donde sopla fuerte el aire y se desarrolló el clímax del antiguo conflicto entre ambas demarcaciones.

Después de una pelea con uno de los vecinos ambos cayeron y el empresario español Alejandro Isaak Basso murió, mientras la otra persona implicada en la gresca alcanzó a sostenerse de un árbol y huyó, según los relatos de los pobladores.

Sin embargo, las autoridades realizaron una campaña de criminalización y seis personas fueron detenidas y enjuiciadas aun cuando no había elementos, como confirmaron más tarde instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Front Line Defenders.

Entre el 2003 y el 2006 fueron detenidos y encarcelados Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Rómulo Arias, Pedro Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González.

Algunas de las irregularidades que se determinaron fueron la falta de pruebas y la violación al debido proceso, causas por las que 16 años más tarde de la primera detención quedaron libres los seis activistas.

Dominga, Lorenzo y Marco fueron liberados el 17 de febrero de este año, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desistiera del caso por no poder sustentar las acusaciones.

“Pedro, Teófilo y Rómulo, ellos ya tenían confirmada la sentencia. De hecho, en el ámbito de la justicia local ya no había nada que hacer, sin embargo, con ese desistimiento se pudo promover lo que se conoce como la revisión extraordinaria”, explica Antonio Lara Duque, su abogado defensor.

Esta consiste en la revisión del caso, para ver si es viable o no, una nueva resolución y esta resultó factible porque las pruebas utilizadas para la sentencia que tenían ya no eran válidas y por eso ellos tres fueron puestos en libertad el 5 de abril pasado.

“La idea es, en un primer momento, acercarse con todas las autoridades e instituciones internacionales que se involucraron en el tema en un ejercicio de agradecimiento, de reconocimiento en la intervención que desde muchas trincheras se hicieron y que hoy los tiene en libertad”, dice Lara Duque.

Por otro lado, explica el abogado, buscan condiciones mínimas necesarias de seguridad y que se generen caminos de replanteamientos para que haya condiciones de no repetición

“Que esto que les ocurrió a ellos no vuelva a ocurrir en otra parte y evidentemente estarán generando planteamientos de fortalecimiento de las instituciones en término de derecho indígena porque algo así no es poca cosa”, asevera.

Por ahora, Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se comprometió públicamente el pasado jueves 11 de abril a ayudarlos en la reparación del daño.

Heridas abiertas

Desde el primer momento el pueblo de San Pedro Tlanixco acogió de vuelta a sus seis defensores del agua encarcelados injustamente. El pueblo enclavado en las inmediaciones del Nevado de Toluca los recibió con una fiesta después de más de una década de estar sin ellos.

Por sus calles se pueden observar algunos murales que hacen referencia a su lucha y los pobladores los reconocen, los saludan y los abrazan, pero la mayoría de las veces ellos no los recuerdan. Tardan en darse cuenta que se trata de sobrinos, primos o vecinos.

Su vida quedó paralizada en el momento en el que fueron detenidos. Aún detallan cómo decenas de camionetas con elementos policiacos armados y encapuchados irrumpían en sus casas en su búsqueda y cómo los torturaban.

A pesar de que lograron ser liberados, regresar a la vida que dejaron se ha convertido en un verdadero reto para quienes estuvieron encarcelados por más de diez años, ahora les cuesta volver a involucrarse con sus familiares y entender los avances tecnológicos

“Ya éramos delincuentes de alta peligrosidad”, dice Pedro Sánchez Berriozábal, uno de los líderes de la defensa por el agua y quien estuvo 16 años en prisión.

El defensor del agua no comprende cómo a pesar de ser inocentes los sentenciaron a más de 50 años de cárcel cuando hay personas que sí son culpables pero obtienen su libertad porque hubo violaciones al debido proceso.

Incluso, debido a todas las irregularidades que había, los abogados que revisaron su caso en un principio les daban la esperanza de que iban a salir, hasta que les dictaron sentencia de 50 a 54 años.

“Yo lo primero que hice cuando recibí la sentencia fue decirle a mi esposa: ya no vengas porque de aquí no salgo, ¿qué ganas ya con venir?”, relata. Pero ella nunca dejó de creer.

Dominga González Martínez, quien ahora tiene 63 años y estuvo encerrada 12 años, recuerda que la detuvieron con otros apellidos y los policías la amenazaban que la iban a violar, pese a que ella ni siquiera se encontraba cerca del lugar donde sucedió el delito del que la acusaron.

“A mí cuando me detienen vienen como 35 coches de judiciales como a las 2 de la mañana y se vuelan la barda como rateros para poder entrar”, dice con voz entrecortada.

Al momento del crimen ella estaba en la iglesia e incluso llevó ante el juez a dos mujeres con las que se encontraba para que testificaran, pero aun así la sentenciaron a 50 años de prisión, cuenta.

“Perdimos todo, también falleció mi mamá el año en que me detienen. Empieza a estar enferma y fallece, después también mi papá por la situación

“Yo decía, cuando Dios me dé la oportunidad de irme de este lugar, ¿ahora a quién le voy a ir a llorar? ¿A un montón de tierra? Porque ya no tengo padres, si yo tuviera a mis padres yo hablaría con ellos aunque sea ¿pero venir a encontrar un montón de tierra, ir al panteón a llorarle a un montón de tierra? Es injusto”.

Teófilo Pérez González tenía 33 años cuando fue detenido y actualmente tiene 49. Sus hijos estaban pequeños y no los vio crecer. Lo que más le duele es que su esposa tuvo que encargarse sola de su educación.

“Lo peor de esto es que quedaron desamparados, quedaron solos a la deriva. No tuvieron la oportunidad de estudiar, de llevar una vida normal por toda esta situación traumática, difícil, no solamente por uno, sino por la familia que es la que más sufre”, relata.

Antes de ingresar a prisión él llevaba a sus hijos a la escuela y los dormía, pero ahora que regresó ya son adultos e incluso padres, lo que es complicado para él.

“Nos cuesta incluso regresar a nuestro domicilio, a nuestro pueblo y nuevamente comenzar una vida”, dice

Rómulo Arias cuenta que su padre falleció por que lo encañonaron y golpearon en la cabeza con un arma; y luego su hermano Felipe fue confundido con él y lo encarcelaron medio año en el penal de Almoloya de Juárez.

“Se llevaron todos los papeles de mi casa, papeles de terrenos, actas, carros, vaciaron todo. La verdad yo creo que no era tan difícil agarrarme, yo estaba ahí en mi casa”, dice

Marco Antonio Pérez González era el más joven con 27 años cuando fue detenido. Ahora tiene 39.

A él le cuesta también reconocer el pueblo y le duele saber que muchas viviendas prosperaron menos la suya. Su familia incluso tuvo que vender terrenos que poseían y su hermana Tomasa dejó los estudios para dedicarse a buscar que lo liberaran. Además se perdió toda la infancia de su hijo.

“Mucha gente ya progresó y nosotros nos quedamos estancados”, dice.

Los defensores de Tlanixco coinciden en una cosa: no saben qué va a pasar con ellos o a qué se van a dedicar ahora. Estar en la cárcel les truncó la vida. A algunos les cuesta saber qué es y cómo funciona una red social y les sorprende el avance de la tecnología.

Por ahora, una de las primeras acciones de estas cinco personas después de años de estar en la cárcel, fue unirse a la procesión de la Virgen de Dolores el pasado 12 de abril. Luego, con más confianza tomaron la base que la sostenía y entraron a la Iglesia donde se celebró la misa en conmemoración a la patrona del pueblo.

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