SNA: rompecabezas incompleto
A más de un año de su implementación el Sistema Nacional Anticorrupción permanece incompleto. La falta de nombramientos clave a nivel federal y la cooptación de los Comités de Participación Ciudadana en los estados han dejado al país sin armas para combatir la corrupción
Ernesto SantillánA más de un año de su implementación el Sistema Nacional Anticorrupción permanece en construcción.
La falta de nombramientos clave, tanto a nivel federal como estatal, ha provocado que la más reciente estrategia para el combate a la corrupción en el país continúe siendo insuficiente.
De acuerdo con Jacqueline Peschard, quien encabeza el Comité Coordinador del SNA, esto permanecerá así por lo menos entre 3 y 5 años más, tiempo en el que calcula apenas se empezarán a ver los resultados.
“Es muy difícil determinar los tiempos. Cada día surge un nuevo caso de corrupción y se van acumulando. En otros países, por ejemplo, para que se asiente un sistema anticorrupción pueden pasar hasta 10 años. No podemos esperar un cambio de la noche a la mañana. Tenemos que desmontar estructuras y rutinas institucionales que están muy arraigadas”, asevera Jacqueline Peschard.
El retraso en la selección de muchas de las piezas clave como el Fiscal General, el Fiscal Anticorrupción, el Auditor Superior de la Federación o los magistrados -nombramientos federales- ha provocado que en los diversos estados del país la aplicación de los sistemas locales anticorrupción se encuentre extremadamente rezagada.
“Los sistemas anticorrupción en los estados se basan en el SNA, por lo tanto, mientras a éste le sigan faltando piezas, difícilmente podremos ver avances en las entidades federativas que conforman al país”, explicó Peschard.
“En otros países, por ejemplo, para que se asiente un sistema anticorrupción pueden pasar hasta 10 años. No podemos esperar un cambio de la noche a la mañana”
Algunos de los pendientes que los gobiernos estatales tienen en este momento es la creación y selección de los Comités de Participación Ciudadana, organismos que incluso han sido cooptados por las mismas autoridades despojándolos de su autonomía e independencia; lo que evita que éstos a su vez puedan cumplir con su cometido: denunciar y vigilar que se combata la corrupción.
La lucha por erradicar esta problemática, la cual se ha construido de la mano de la impunidad que reina en el territorio, ha pasado por muchas etapas.
Se ha debatido en busca de soluciones, se han recibido recomendaciones de organizaciones no gubernamentales, académicos y expertos tanto a nivel nacional como internacional. Todo dando siempre como resultado el continuo fracaso.
Designación de cargos, reto continuo
Ante la exigencia de la ciudadanía por encontrar una solución real, en mayo de 2015 se decidió crear, tras avalar la reforma constitucional, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Para su conformación se exigió a los legisladores que el SNA estuviese conformado por un Tribunal de Cuentas imparcial y autónomo; una Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
Algunas dificultades para designar los cargos radican en las exigencias civiles que impulsan un proyecto de selección transparente
Además se solicitó la expedición de dos leyes: una anticorrupción y otra para el Sistema Nacional de Fiscalización.
Después de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, se determinó su conformación.
El Comité Coordinador, cuyos integrantes se encargarían de articularse para diseñar las políticas anticorrupción, de evaluación y políticas públicas.
Un Comité de Participación Ciudadana (CPC) compuesto por cinco personas honorables y destacadas en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas y el cual también se encargaría de la vinculación y armonización ciudadana entre el Estado con las organizaciones de la sociedad civil y la academia, además de proponer las políticas y los lineamientos al Comité Coordinador.
Un Sistema Nacional de Fiscalización formado por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Ambas con órganos en cada una de las entidades federativas del país, es decir, con auditorías superiores y secretarías de la función pública locales.
Un Tribunal Federal de Justicia Administrativa conformado por salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas y cinco magistrados.
Por último también se pidió la creación de la Secretaría Técnica el Sistema Nacional Anticorrupción, la cual sería el órgano encargado de proveer de asistencia técnica e insumos al Comité Coordinador para el desempeño de sus atribuciones.
El Comité de Participación Ciudadana está integrado por 5 personas encargadas de abordar temas como democracia y derechos humanos
Una vez que se determinaron las columnas vertebrales que soportarían al Sistema Nacional Anticorrupción, se dio paso a la designación de los cargos, un reto que actualmente continúa.
Las dificultades para llevar a cabo este proceso radican en una serie de exigencias por parte de organizaciones de derechos humanos, de combate a la corrupción y de la sociedad civil las cuales impulsaron un proyecto de designaciones abierto mediante el cual se pudieran monitorear de manera transparente los nombramientos a fin de garantizar que cada una de las personas que se integraran al proyecto no respondieran a intereses políticos o particulares.
A nivel federal el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana se encuentran operando desde hace un año.
Actualmente el CPC está integrado por cinco personas responsables de abordar los temas democracia, derechos humanos, administración pública, control y fiscalización; sistema jurídico y transparencia.
Quien quedó a la cabeza de este grupo fue Jacqueline Peschard, profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y especialista en el área de democracia.
El resto de los integrantes que la acompañan son Mariclaire Acosta, directora de la oficina en México de Freedom House y encargada del tema de derechos humanos; José Octavio López Presa, consejero fundador de Causa en Común y quien lleva el tema de administración pública, control y fiscalización; Luis Manuel Pérez de Acha, responsable del sistema jurídico y Alfonso Hernández Valdez, profesor e investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO para llevar transparencia.
El Comité Coordinador quedó conformado por seis integrantes: Jacqueline Peschard, Alfonso Pérez Daza, Consejero de la Judicatura Federal; Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública; Juan Manuel Portal, exauditor Superior de la Federación; Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Francisco Acuña Llamas, presidente del Inai.
CPC, el reto en los estados
A nivel nacional uno de los mayores problemas y motivos por el cual el Sistema Nacional Anticorrupción no logra afianzarse es la falta de instauración de los Comités de Participación Ciudadana en muchas de las entidades de la República Mexicana.
En teoría, todos los comités de participación debieron quedar listos el 18 de julio del año pasado, sin embargo, seis meses después de la fecha establecida todavía falta mucho por hacer.
De acuerdo con la presidenta del Comité Coordinador del SNA, parte de los retrasos se deben a las dificultades que se han presentado para realizar los nombramientos de quienes integrarán dicho organismos.
Muchos de los Comités de Participación Ciudadana en los estados han sido cooptados por las autoridades locales, quitándoles su independencia y autonomía para denunciar los casos de corrupción
“La sociedad se ha negado a utilizar los mecanismos tradicionales para elegir a los representantes y han pedido que se lleven a cabo procesos abiertos, democráticos y transparentes, además de que en diversos estados las autoridades sólo simularon cumplir con las reformas locales que debían realizar, pues todo su proceso fue deficiente”, explicó Peschard.
Para hacer frente a la problemática de incumplimiento por parte de los estados, el Comité de Participación Ciudadana presentó dos demandas de amparo para obligar a todas las entidades federativas a cumplir con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, acto legal que aún permanece pendiente.
Aunado a estas dificultades, Jacqueline Peschard dijo que los sistemas locales están basados en el modelo federal, por lo que mientras éste permanezca incompleto, el Sistema Nacional Anticorrupción permanecerá en construcción.
“El problema es que los sistemas locales están basados en el modelo federal. Necesitan poder replicar el funcionamiento de los tribunales administrativos, del fiscal general anticorrupción, todo eso que sigue incompleto. Además los CPC se encuentran instalados en menos de la mitad de los estados de la República y no todos son lo independientes que se quisiera fueran”, señaló.
Peschard señaló que entre los estados que más avances presentan en la implementación del SNA están Jalisco y Edomex
Respecto a la falta de independencia de los Comités de Coordinación Ciudadana en las entidades federativas que conforman el país, José Octavio López Presa, consejero fundador de Causa en Común e integrante del CPC, dijo que a pesar de que se han logrado establecer en algunos de los estados del país muchos han sido secuestrados por los gobiernos locales mediante métodos de cohesión, arrebatándoles su independencia para denunciar y combatir los actos de corrupción.
López Presa también advirtió que los retrasos en la implementación del SNA y en los nombramientos de los funcionarios que integran sus diversos órganos como lo son los magistrados podrían eventualmente provocar que muchos de los casos de corrupción que actualmente se investigan queden sin sancionarse debido a que las mismas no habrían sido aplicadas por los magistrados indicados.
A pesar de que la gran mayoría de los estados presentan dificultades para implementar sus sistemas anticorrupción, las entidades que más problemas enfrentan son las que se ubican del centro de la República hacia el sur, como los son Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero y Chiapas.
El Comité de Selección a través del cual se eligen a los integrantes de los CPC estatales es elegido por el Congreso de cada estado, un hecho que ha provocado polémica entre la sociedad civil por la desconfianza que existe hacia la mayoría de los políticos en el país.
En Oaxaca, por ejemplo, la organización no gubernamental conocida como Nosotrxs, denunció que la información sobre el proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana en dicho estado ha sido apresurado, tendencioso y opaco.
Por ello, exigieron que el proceso de selección de los candidatos para conformar el CPC se repita, pues aseguraron que los elegidos no cumplen con las características solicitadas.
“A destiempo y con opacidad, se designaron a los integrantes de esta Comisión de Selección, en la cual se puede advertir que, salvo un par de excepciones, no se cumplen las reglas de tener personajes destacados de la academia o la sociedad civil. Esto pone en duda la adecuada instalación del Comité de Participación Ciudadana”, señalaron.
Otro de los estados que ha presentado serios problemas para integrar su Comité de Participación Ciudadano es San Luis Potosí, donde las quejas van dirigidas a los legisladores locales a quienes acusan de no respetar la validez jurídica del mismo.
En Veracruz las dificultades se deben a que las autoridades ni siquiera han reformado su Constitución ni emitido las Leyes de los Sistemas Locales Anticorrupción.
Por su parte, en Guerrero, la problemática reside en que exfuncionarios han buscado incorporarse al SNA, puestos que únicamente pueden ocupar ciudadanos.
“El Sistema Nacional Anticorrupción podría empezar a dar resultados dentro de tres a cinco años, sin embargo establecer tiempos exactos es difícil”
A pesar de que ningún estado resalta por su eficaz adopción e implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peschard señaló que los que más avances presentan son Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Coahuila, Durango y Estado de México. El progreso de Puebla y Sonora fueron clasificados como regulares.
Piden llenar vacíos
La ciudadanía lleva más de un año pidiendo a los legisladores se nombren los cargos pendientes para poder completar la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, fue hasta que comenzó el periodo electoral que se retomó el tema en el Congreso.
El primero en pedir que se saquen adelante los pendientes fue el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Meade.
La Oposición acusó al candidato del PRI de buscar acelerar los tiempos para imponer un fiscal a modo que los proteja en caso de perder la elección del próximo primero de julio
El exsecretario de Hacienda dijo que en México en muy común que los actos de corrupción y los delitos queden impunes, problema que aseguró promueve la corrupción, causa inseguridad y daña los derechos humanos de la ciudadanía.
José Antonio Meade hizo un llamado a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos a la Presidencia de la República para que se avance en la implementación de las nuevas instituciones y de los nombramientos faltantes para terminar de conformar el SNA
Tras su mensaje, los partidos de oposición en la Cámara Baja respondieron que no apresurarían el proceso hasta que la ciudadanía avalara a los candidatos que postulen para los cargos faltantes para impedir que se lleven a cabo nombramientos a modo.
Marko Cortés, coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados respondió que por supuesto que quieren que los nombramientos se hagan, pero necesitan garantizar que cuente con autonomía.
“Queremos perfiles que no tengan ningún vínculo partidista ni con el Gobierno, que tengan absoluta autonomía, capacidad probada y confianza en la sociedad organizada”
Además la Oposición no perdió tiempo para acusar al candidato del PRI de quien dijeron está buscando acelerar los tiempos porque quieren imponer un fiscal a modo ahora que los proteja cuando pierdan la elección del próximo primero de julio.
Los nombramientos se tienen que llevar a cabo por mayoría calificada, por lo tanto es necesario que los distintos partidos y coaliciones se pongan de acuerdo si es que se pretende avanzar en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Los legisladores tendrán que ponerse de acuerdo en el Congreso si es que pretenden destrabar los nombramientos faltantes del SNA
