La oposición en el Senado presentó esta mañana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad a la recién aprobada Ley de Seguridad Interior.

En entrevista, el panista Ernesto Ruffo, uno de sus promotores señala que este recurso no es en contra de dar un marco legal a las fuerzas armadas sino en contra de los una serie de atribuciones que se autoasigna el Ejecutivo, que se consideran ‘excesivas’ y que atentan contra el principio republicano.

“Percibimos necesario un esquema jurídico que permita la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, pero a nuestro juicio la Ley de Seguridad Interior contiene excesos. Estás creando un poder ejecutivo que puede ser dictador cuando se le antoje”.

“Con esta Ley de Seguridad, al Presidente se le puede ocurrir intervenir en un estado con problemas de seguridad pública, aplicar la política del mando único y tomar el control en la entidad, que en la práctica sería un golpe de estado legal fundado en esa reforma y por eso la estamos impugnando”, señala el legislador.

Los artículos impugnados con este recurso son el artículo primero, el 21, el 29, el 49, el 73 fracción 29-M, el 89 fracción 5, el 115, el 116, el 119, el 124 Constitucionales, además de la violación de otros acuerdos internacionales., y el documento ya fue recibido esta mañana en la oficialía de partes de la Suprema Corte.

Aunque hubo diversas motivaciones que impulsaron a los integrantes de diversas bancadas en el Senado como las del PAN, PRD y PT-Morena, en el fondo surgió una oposición en común en contra a lo que consideran un exceso en las posibles atribuciones para el Ejecutivo y violación de artículos constitucionales.

La SCJN a prueba

Tras la entrega de la acción de inconstitucionalidad por parte de los senadores, ahora será el turno de la SCJN de evaluar éste y otros recursos legales que se han interpuesto en contra de la Ley de Seguridad Interior y Ernesto Ruffo se mostró confiado en que éstos tomen la mejor decisión y que en su caso se pueda derogar la Ley tal y como está.

“Es un asunto que transgrede la legalidad nacional y se está poniendo a prueba el sistema jurídico mexicano. Lo que sigue es que la Suprema Corte actúe en el sentido que considere pertinente pero aquí lo que está en juego es la verdadera existencia de la república y la división de poderes”

“¿Van a actuar en función del interés nacional o van a ceder a las presiones del Ejecutivo? Los ministros deberían estar más allá de las cuestiones políticas y los intereses particulares”, señala.