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Las empresas de seguridad privada establecidas denuncian que el 60 por ciento de esas compañías que operan en el país se mantienen en la ilegalidad.

Y por otro lado, los empresarios que no tienen registradas a sus compañías aseguran que la burocracia en la expedición de los permisos y el favoritismo del gobierno los obliga a trabajar fuera de las reglas.

El presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Mario Espinoza Boulogne, reveló la falta de regulación de la mayoría de las empresas y que su crecimiento está fuera de control.

“El 60 por ciento de esas cifras están ilegales (las empresas), somos más grandes que el ejército y la policía federal juntos, en guardias de seguridad”, declaró Espinoza Boulogne.

Su incremento sin supervisión oficial podría convertirse en un “Frankenstein”, advierte Espinoza Boulogne.

Explica que no hay quién las vigile ni regule y esto trae graves problemas a la seguridad.

Por ejemplo, el hecho de que los elementos de seguridad hayan pasado las pruebas de control de confianza.

Incluso, se han registrado casos en los que los guardias de seguridad han participado en hechos delictivos.

La madrugada del 19 de marzo de 2013, fue asesinado en Apodaca el comandante Gustavo Gerardo Garza Saucedo “El Jerry”, justo cuando arribaba a lo que se suponía era el lugar más seguro, su hogar.

Los guardias de seguridad que protegían el fraccionamiento en donde vivía el ministerial, participaron en los hechos.

“El Jerry” era el coordinador del área de robos de la Policía Ministerial y tenía 39 años. 

Fue ultimado por un francotirador posicionado en una barda perimetral cercana, con un disparo certero en la espalda de un arma Barret Calibre 50.

Al día siguiente fueron presentados tres detenidos, como supuestos responsables, ante los medios de comunicación.

Dos de ellos eran los vigilantes privados de la colonia Hacienda del Carmen, donde habitaba el jefe policiaco.

Los guardias recibieron 20 mil pesos por dar información de la víctima a sus ejecutores y el acceso a la colonia.

Jorge Luis Ortiz Martínez y Leonardo Chávez Hernández, de 47 y 42 años de edad, respectivamente,  trabajaban para una de tantas empresas de seguridad que hay en la entidad.

Las cifras de la Dirección General de Seguridad Privada, que pertenece a la Comisión Nacional de Seguridad de la SEGOB, indican que en México hay 450 mil guardias, distribuidos en 8 mil 500 empresas de este ramo.

Registradas ante las autoridades hay 3 mil 700, y de éstas, 150 están afiliadas a la AMESP, reveló el presidente de esa Asociación.

Dijo que en Nuevo León hay 420 empresas registradas y ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, 25 de ellas ya pertenecen a AMESP. 

Y en la relación de empresas de seguridad privada de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, indica que son 220 las que están registradas y reguladas.

El mismo Gobierno del Estado utiliza diversos servicios de seguridad externos.

En su listado de proveedores, aparecen 26 empresas como sus prestadoras de servicios de seguridad, todas ellas, aparentemente establecidas y dentro de las exigencias legales.

Espinoza Boulogne dijo que es urgente que las autoridades brinden su anuencia para la formación de la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad Privada en México, lo que daría certeza y apoyo a las empresas y mantendría una estrecha supervisión de sus operaciones.

“Siempre he defendido y lo seguiré haciendo, que a través de la Cámara, es la única forma de autoregularnos.

“Las autoridades, tanto federales como locales, sobre todo en recursos humanos, no tienen los medios para poder supervisar este crecimiento potencial que se ha dado sin control”.

Explica que estas empresas dedicadas a brindar servicios de guardias, alarmas, escoltas, custodios y video vigilancia, han crecido por la inseguridad y desconfianza en los elementos oficiales.

El sector, que el año pasado tuvo un aumento del 14 por ciento y que se estima que en el 2014 sea del 16 por ciento, representa el 1.6 por ciento del PIB nacional. 

Para el experto en el ramo, todo esto se traduce en inseguridad para los clientes y empleados, porque el usuario desconoce si el vigilante que cuida de su casa pasó las pruebas de control de confianza.

Y por otro lado, los empleados de esas compañías fuera de la ley no reciben seguridad social.

Además. se convierte en competencia desleal porque éstas ofrecen costos más bajos.

“No pagan permisos a la autoridad y no tramitan licencias de seguridad, no dan seguro social ni prestaciones a sus empleados y eso les permite reducir el costo al cliente”.

Ante la negativa de la Secretaría de Economía para la creación de la Cámara, la Asociación presentó una solicitud de amparo judicial y espera que para este año se resuelva su situación legal.

Las empresas pequeñas denuncian favoritismo

Pero del otro lado, los propietarios de empresas argumentan que muchos de ellos operan sin registro ante Seguridad Pública, porque la autoridad local tarda más de un año en aprobarlas.

“Las empresas pequeñas no tenemos mucha oportunidad, porque en la oficina en donde sacamos el permiso, detienen todas las solicitudes”, declaró uno de los entrevistados que pidió el anonimato.

Por ejemplo, un dato, la Dirección de Control y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada en Nuevo León, es dirigida por Susana Gallegos de la Garza, quien expide los documentos de autorización a las compañías.

“Entonces nosotros empezamos a trabajar así, con la documentación de que el permiso está en trámite.

“Es obvio, pues si ponemos una empresa y pedimos un permiso, es para trabajar ya, no dentro de un año, que es cuando te lo dan”.

Argumentó que se animan a trabajar en la ilegalidad porque necesitan sacar adelante la empresa y sólo le dan preferencia a las más grandes compañías.

“Los dueños de esas empresas son políticos, funcionarios y exfuncionarios influyentes”.

De hecho, el diputado local priista, Francisco Cienfuegos, usa sus influencias para beneficiar a su empresa de seguridad llamada Protege.

Protege, Servicios de Seguridad Privada, fue creada en sociedad con su hermana, Narce Dalia Cienfuegos Martínez, el 26 de agosto del 2002.

En la actualidad esta empresa no aparece a nombre de sus fundadores en el Registro Público de la Propiedad y en su página de internet publica la asociación con VRV.

VRV Blindajes Especializados, S.A. De C.V., es una compañía que se anuncia como experta en traslado de valores, pero curiosamente tampoco aparece en los libros del Registro Público de la Propiedad.

Según el entrevistado, el legislador, Cienfuegos, influye directamente para que la autorización estatal tarde en llegar a los empresarios y así obtiene más contratos para su empresa.

Los comercios y la industria que contratan los servicios de seguridad privada, son los más afectados por este bloqueo.

Y los medianos empresarios insisten en que las dependencias de gobierno, cuya responsabilidad es velar por la seguridad de la población, están actuando como corresponsables de la vulnerabilidad de los contratantes.

Un proceso ignorado

Para registrarse en la Asociación:

> Estar registrada ante una dependencia de seguridad local o federal.
> Presentar la documentación que identifique a la empresa legalmente.

Para registrarse en Seguridad Pública

> Presentar la documentación que identifique a la empresa legalmente.
> Hacer los pagos correspondientes ante la dependencia.
> Los elementos necesitan documentación básica de identidad.
> Demostrar solvencia moral. 
> Exámenes físicos y químicos como antidoping.
> Aprobar los controles de confianza.

Bajo regulación

¿Cómo distingues a las compañías registradas y autorizadas?

> Puedes consultar las páginas que la promocionan y verificar su perfil. 
> Consultar el listado de la página de la Dirección de Control y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada en Nuevo León, en donde debe aparecer autorizada.
> Las que no estén ahí, son ilegales.
> Debes preguntar a la empresa si sus elementos están registrados.
> Cuestionar si tienen permiso para portar arma y si pasaron las pruebas de confianza.
> Estas empresas constantemente cambian el nombre, por adeudos y responsabilidades que dejaron en el camino.