La comunicadora Sanjuana Martínez atribuye su detención a una venganza de la juez Luz María Guerrero, a quien un día antes había denunciado por corrupción ante el Consejo de la Judicatura de Nuevo León.
“Fue una venganza, evidentemente, una venganza consumada de manera muy aparatosa, porque la forma en que me detuvieron fue verdaderamente espectacular, son métodos que sólo se utilizan contra los capos del narcotráfico”.
Martínez, quien se califica como una periodista “incómoda”, fue detenida el pasado 5 de julio en un operativo encabezado por la juez de lo familiar.
Cerca de las 08:00 horas de aquel jueves, ocho vehículos con elementos de Fuerza Civil irrumpieron en su domicilio con chalecos antibalas, encapuchados y armas largas.
Sin una orden de cateo o detención entraron a la fuerza, forzaron cerraduras y a empellones se la llevaron a la cárcel municipal de la Alamey, en Monterrey, aunque su proceso correspondía en algún centro de detención de San Pedro.
Ahí pasó 24 horas en una diminuta celda, con cama de cemento, un inodoro pestilente y un lavabo descompuesto, acompañada de ladrones, borrachos y violadores, hasta que, en medio de muestras de apoyo de la sociedad civil, consiguió un amparo.
“Es verdaderamente espantoso, aterrador”, dice, “una cárcel en lamentables condiciones, como casi todas las cárceles del país”.
Desde 2008, Martínez ha documentado a través de su labor periodística las arbitrariedades de la juez Guerrero. Entre ellas, la privación ilegal de la libertad de la ex directora de la asociación Alternativas Pacíficas, María del Mar Álvarez.
Su proceso de divorcio con el ex director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de la ONU, Carlos Castresana, casualmente fue a dar al mismo juzgado a cargo de la Juez Guerrero.
La periodista expuso en una denuncia de más de 30 hojas que entregó al Consejo de la Judicatura que la secretaria de la juez, Ana Cristina Sepúlveda, le insinuó que sólo con dinero se agilizaría su proceso de divorcio.
Además manifestó ante las instancias judiciales que había un conflicto de intereses con la juez, porque existía un odio manifiesto debido a su labor periodística.
“Si por alguna razón personal te ves inmiscuido en algún procedimiento de carácter civil, penal o mercantil, eso va a ser utilizado por el poder en turno para perjudicarte.
“Nos está dando a entender que los periodistas tenemos que hacer nuestro trabajo con un amparo bajo el brazo”.
Todas esas circunstancias se manifestaron en su detención, de la que incluso fueron espectadores el propio Castresana y su socio, el polémico abogado Manuel Alí Jezzini.
“Se conjugó la corrupción de un sistema podrido, como es el sistema de justicia en Nuevo León, dominado por las élites del poder, concretamente del partido en el gobierno, que es del gobernador Rodrigo Medina y del PRI, y el deseo de personas que querían hacerme daño”.
