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A río revuelto…

Desde el inicio de su construcción, el Acueducto Independencia ha hecho mucho ruido.

Oficialmente, la obra se planeó para aumentar el abasto de agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora, al conectar las presas El Novillo y Rodríguez, siguiendo la cuenca del río Yaqui y solucionar así los problemas de sequía que sufre la capital del estado.

Sin embargo, nadie les consultó a los yaquis, a quienes en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas les otorgó el derecho al 50 por ciento del agua existente en el caudal de ese río. 

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pozos de uso agropecuario se mantienen cerrados tras el derrame de ácido

Desde el inicio de su construcción, el Acueducto Independencia ha hecho mucho ruido.

Oficialmente, la obra se planeó para aumentar el abasto de agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora, al conectar las presas El Novillo y Rodríguez, siguiendo la cuenca del río Yaqui y solucionar así los problemas de sequía que sufre la capital del estado.

Sin embargo, nadie les consultó a los yaquis, a quienes en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas les otorgó el derecho al 50 por ciento del agua existente en el caudal de ese río. 

El 8 de mayo de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas al determinar que la autoridad federal debió tomarlos en cuenta para realizar el proyecto.

Pese a ese triunfo, el Acueducto Independencia sigue en funcionamiento y cada segundo lleva mil 200 litros de agua de la presa El Novillo –que se abastece del río Yaqui- hasta esta capital.

Luego del derrame de los 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Sonora por parte de la minera Buenavista del Cobre –propiedad de Grupo México- y del desastre ecológico que esto generó, hay quienes suponen que el Gobierno del Estado se aprovecha de esta contingencia para seguir utilizando el Acueducto.

Alberto Vizcarra, miembro del Movimiento Ciudadano por el Agua, indicó que Guillermo Padrés ha aprovechado el desastre ecológico causado por Grupo México para justificar una obra que raya en la ilegalidad.

“Es irresponsable la forma de aprovecharse de una tragedia para avalar un proyecto que ha sido a todas luces ilegal y que atenta contra la estabilidad de los habitantes del sur del estado”, dijo a un diario local.

Y es que, antes del derrame del ácido, las lluvias en Sonora habían llenado las presas, por lo que el 4 de agosto la Conagua sugirió al gobierno estatal dejar de extraer agua del Acueducto porque con la de las presa había suficiente para un año de abasto en Hermosillo. 

Dos días después la minera de Grupo México provoca el derrame, viene la contingencia, el desastre ecológico y El Molinito que abastece a 800 mil habitantes de la capital, se cierra junto con 322 pozos.

Abren pozos

El pasado fin de semana, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) levantó la restricción de 519 pozos de uso agropecuario en el río Sonora, informó Notimex.

El delegado de la Sagarpa en Sonora, Horacio Huerta Cevallos, destacó que estos pozos están ubicados fuera de las márgenes de los 500 metros del río, donde permanece la prohibición para la extracción del agua.

El funcionario señaló sigue restringido el uso de los que están ubicados en las riberas del afluente y continúa prohibida la extracción de agua para producción agropecuaria en 125 pozos autorizados para la actividad agrícola.

De la confianza a las advertencias

La semana pasada, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, indicó que todos los recursos económicos que se han destinado al apoyo de los habitantes afectados por el desastre ecológico serían repuestos por Grupo México.

“Tenemos la palabra de Grupo México que van devolver ese dinero;  por lo que disponemos de recursos propios para hacerle frente a esto. Es justo decirlo ellos están en la disposición de poner los recursos”, dijo el mandatario a CNN el 27 de agosto.

Dos días después, Padrés pensó mejor las cosas y recompuso.

Advirtió que su administración pedirá a Grupo México que repare todos los daños y recalcó que, de ser necesario acudirá directamente ante Germán Larrea, dueño de la empresa.

“Me voy a ir a parar ante Germán Larrea si es necesario y le voy a exigir que le haga frente a los sonorenses, y en segundo lugar obviamente contrataremos a los mejores despachos para poder seguir la demanda jurídica”, indicó.

Padrés agregó que el gobierno estatal tomará las medidas legales para asegurarse de que la empresa pague hasta el último centavo que se canalice en apoyo de los pobladores del río Sonora afectados por la contaminación del afluente, reportó Notimex.

“Todo va a cargo de ellos y vamos a buscar por la vías jurídicas si son necesarias. Lo que nosotros estamos haciendo es ser solidarios, no dejando sola a la gente, estar aquí con ellos, ayudar, aliviar un poco por el trance que están pasando”, dijo.

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Resultados parciales de los análisis al río Sonora, luego del derrame tóxico del 6 de agosto de 2014, revelan que no se han encontrado indicadores de mayor presencia de metales a los valores base de la región.

La directora del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Elena Centeno García, señaló que un grupo académico de investigación trabaja desde hace nueve meses en la zona afectada por el derrame de la minera Buenavista del Cobre.

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“La Comisión Presidencial no aclaró que -a un año del derrame- faltan casi 800 millones de pesos por aplicar, ya que la minera se comprometió a apoyar con 2 mil millones de pesos, un monto que equivale al 0.013 por ciento de los ingresos brutos que Grupo México obtuvo en 2014”, indicó.

Criticó la multa impuesta a la minera por el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los últimos tiempos,

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“Somos gente de trabajo, no delincuencia organizada, a nosotros nos afectaron, no tenemos agua segura, las cosechas se perdieron, no hay dinero ni comida, cada vez hay más enfermos; estamos desesperados”, le dijo Erica a El Universal. 

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