La falta de recursos y de preparación de las policías es responsabilidad principalmente de los gobiernos estatales y municipales, pero al no contar con recursos, se han vuelto dependientes de la federación.

Lilian Chapa Koloffon, investigadora Senior del World Justice Project, lamenta que actualmente la discusión sobre la seguridad del país, tanto política como social, esté concentrada sobre en dónde debe de estar adscrita la Guardia Nacional y se deje de lado la falta de acceso a la justicia y el alto nivel de impunidad que existen en la mayoría de los delitos que se cometen en el país.

“Todos estos problemas están sin resolver y no los va a aminorar la Guardia Nacional ni encontrándose en SEDENA. Desde hace varios sexenios, antes de Ernesto Zedillo, las Fuerzas Armadas han sido utilizadas para combatir al narcotráfico y no existe ningún dato que nos haga pensar que esa manera es efectiva para hacerle frente a la inseguridad y acceder a la justicia.

“Se está dejando de lado todo el problema ocasionado por la falta de rendición de cuentas y la falta de una reforma policial que mejore la calidad de vida de los policías. (…) La mayoría de los problemas de seguridad ni siquiera corresponden al ámbito del Gobierno federal, por lo que hace falta también responsabilizar a gobernadores y presidentes municipales con lo que les toca”, opina la especialista.

El 12 de noviembre del 2020, la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, desaparecieron el subsidio para seguridad municipal (Fortaseg) bajo el argumento de que había irregularidades en el ejercicio de su gasto y no existían controles para los recursos asignados.

Ese mismo año y al año siguiente, los legisladores aprobaron un Presupuesto de Egresos de la Federación para seguridad pública orientado a fortalecer y consolidar a la Guardia Nacional como uno de los ejes de la estrategia de seguridad.

Aunque la desaparición del Fortaseg despertó críticas de los partidos de oposición y de varios alcaldes beneficiados por los recursos, Chapa Koloffon comenta que ninguna policía local o estatal se debe de mantener con recursos federales.

“Nunca debieron de ser recursos federales de los que dependieran las policías. El Fortaseg beneficiaba a 300 municipios, pero actualmente hay estados como Nuevo León, en donde se hizo un fondo estatal para la seguridad a nivel municipal.

“El dinero se obtiene a través de un impuesto a los juegos de azar y casinos. Si el municipio falla en su función de proveer seguridad, a la entidad le va a afectar porque no hay suficientes policías estatales para suplir a los municipales que hacen falta”, ejemplifica.

La especialista considera que el Fortaseg no debió de desaparecer, sino que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debió de poner reglas mucho más severas para que se utilizaran esos recursos para que las policías realmente se fortalecieran.

Ahora el problema con la incorporación de la Guardia Nacional a las tareas de seguridad pública, dice, es que no se han establecido los mecanismos legales en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para saber qué autoridad entrará y cómo operará cuando la policía local sea insuficiente en algún municipio.

Finalmente, sobre la posibilidad de que haya una reforma policial, Lilian Chapa Koloffon, opina que no se vislumbra en el corto plazo.

“Al inicio de esta administración había muchas más posibilidades de lograr algo a nivel nacional porque se publicó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que son los lineamientos para ver por dónde deberían de ir las policías locales y homologarlas a nivel nacional. (…) pero ahora solo importa la Guardia Nacional”
Lilian Chapa KoloffonInvestigadora Senior del World Justice Project

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