Revelan presunta red de corrupción de Samuel García por contratos adjudicados con favoritismos
Acusan al gobernador de cometer delitos como ejercicio ilícito de servicio público, peculado y tráfico de influencias
Ricardo Alanís CarreónEn un esfuerzo por mantener la transparencia y eliminar las prácticas corruptas en la asignación de contratos públicos, las candidatas de la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, Annia Gómez, Lorena de la Garza, Anita González, Perla Villarreal, Cecilia Robledo y Marcela Cavazos, han expuesto cómo las conexiones personales y profesionales del gobernador Samuel García han influido en la contratación de proveedores.
En rueda de prensa se detalló el caso de Miguel Ángel Rojas Galván, que pasó de empleado de Samuel García a funcionario a quien acusaron de robar el dinero de la gente para dárselo al mandatario estatal.
Miguel Ángel Rojas Galván, actor central en esta trama, ha transitado de empleado de Samuel García a representante legal de su campaña al Senado, y ahora a un influyente funcionario en el actual gobierno.
En su cargo como Director General Jurídico Tributario del Gobierno de Samuel García, otorgó contratos millonarios a ECM Soluciones Fiscales por más de 140 millones de pesos.
Sin embargo, la investigación reveló que no son los únicos, hasta el momento se han descubierto contratos por más de 361 millones de pesos otorgados a ECM Soluciones Fiscales en menos de dos años, por diversas oficinas del gobierno estatal. Agua y Drenaje de Monterrey pagó 187 millones y la Secretaría de Finanzas pagó casi 35 millones a la empresa relacionada con la familia de Samuel.
Estos montos se suman a los más de 200 millones de pesos que el despacho jurídico del gobernador recibió directamente del gobierno, por el caso de SUMINISTRO MYR, S.A. DE C.V.
Las candidatas lamentaron que en lugar de utilizar los recursos para resolver el problema del agua o la inseguridad, Samuel se esté robando el dinero de la gente. Ante estos detalles denunciados, destaca que los posibles delitos cometidos van desde ejercicio ilícito de servicio público, peculado y hasta tráfico de influencias.
“Exigimos una investigación exhaustiva y transparente de estos contratos. Invitamos a la ciudadanía a mantenerse informada y exigir rendición de cuentas”, finalizaron.
