La reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador ocasionó conflicto por lo que fue frenada por los partidos de oposición. Foto: Especial

Reforma electoral: el gran reto de mantener la democracia

La maquinaria electoral en México se renovará por las reformas a las leyes secundarias y la selección de nuevos consejeros electorales. El sistema podría quedar bien aceitado rumbo a los comicios de 2023 y 2024 siempre y cuando las pugnas partidistas no terminen por desvielarlo

El sistema electoral mexicano y los rostros encargados de “cuidar” la democracia están a punto de cambiar, pero las pugnas partidistas, los intereses personales y las agendas de los institutos políticos se han encargado de empañar los procesos.

Mientras más nos acercamos al proceso electoral más grande de la historia del país, los comicios del 2024, los ataques, descalificaciones y la polarización se acrecenta debido a que las riendas del país están en juego.

La reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador ocasionó conflicto por lo que fue frenada por los partidos de oposición. Hoy se prevé que el Senado de la República descongele el Plan B electoral y seguramente volveremos a vivir otro round en la arena legislativa.

Por su parte, en la Cámara de Diputados la convocatoria para elección de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) también ocasionó conflicto y fue aprobada solo por Morena y sus aliados el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Así, mientras la democracia en el país se encuentra “secuestrada” por las pugnas partidistas e ideológicas, estamos lejos de poder modernizar el sistema electoral mexicano y de elegir a consejeros que realmente funjan como guardianes de la democracia.

El próximo 3 de abril vence el tiempo de Lorenzo Córdova como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. En esa misma fecha, también termina el encargo de los consejeros electorales Ciro Murayama, Adriana Favela y José Ruiz.

El Consejo General del INE está conformado por 10 consejeros electorales, un consejero presidente y un secretario ejecutivo, por lo que antes de esa fecha, la Cámara de Diputados deberá tener listos los nombres de los nuevos consejeros que elegirán a partir de la convocatoria que se dio a conocer el pasado 15 de febrero.

La convocatoria no considera entre sus lineamientos que los consejeros actuales puedan participar como aspirantes al cargo de consejero presidente, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma de 2014, establece que solo pueden participar aquellos que tengan garantizada su presencia durante nueve años.

Es decir, la Cámara de Diputados tendrá que elegir en tan solo cuarenta días al próximo consejero presidente del INE y tres consejeros más, una tercera parte del Consejo General será renovada.

‘Proceso sin cuotas ni cuates’

De acuerdo con el diputado federal y secretario de Reforma Electoral de Morena, Hamlet García Almaguer, el principal problema que le ve a la convocatoria es el poco tiempo que tendrán para elegir a los nuevos consejeros electorales.

Esto se debe, dice, a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió modificar la convocatoria de 102 días que tenían, la noche del 23 de diciembre cuando en la Cámara de Diputados se encontraba la Comisión Permanente y no el Pleno.

“Fue un error del Tribunal que no vinculó a la Comisión Permanente para que llamara al Pleno para un periodo extraordinario. Evidentemente hay una preocupación porque es una convocatoria de poco más de 40 días para desarrollar todo el proceso, nosotros queríamos un proceso de más de 100 días”, comenta.

A pesar de esto, señala, el proceso será muy completo e iniciará con un examen escrito el 7 de marzo en el que se le preguntará a los aspirantes sobre derechos humanos, derecho constitucional, derecho electoral, política y gobierno.

Los resultados se conocerán al siguiente día y los que pasen el examen deberán presentar un ensayo, su currículo y una carta de intención.

“Quienes tengan mayor nivel educativo tendrán mejores puntos, igual si dan clases o publicaciones. De ahí se elegirán a 100 para el proceso de entrevistas”, agrega.

Para el proceso de entrevistas, la ciudadanía podrá participar y registrar dos preguntas en el sitio de la convocatoria.

Del 17 al 22 de marzo será el proceso de entrevistas y finalmente se elegirán las quintetas finales: dos para hombres, una para mujeres y la quinteta de la Presidencia será híbrida con tres perfiles de un género y dos de otro.

Finalmente habrá una revisión en el Pleno y la votación se efectuará el 30 de marzo. Si las quintetas no alcanzan las dos terceras partes de los votos, se asignarán a la Corte quienes realizarán un sorteo antes del 3 de abril.

Sobre las críticas de la oposición, García Almaguer insiste en que este proceso es meramente meritocrático y alejado de las “cuotas y cuates”.

“No entiendo qué no les gusta porque es un proceso meritocrático, no importa quién venga recomendado, qué afinidad política o ideológica tenga, a qué grupo pertenezca porque si no pasas el examen, no avanzas.

“Esto es un triunfo para la ciudadanía y para la democracia que tengamos perfiles muy capacitados para formar parte del Consejo General del Instituto. Quienes lleguen a las quintetas van a haber demostrado en un examen escrito que saben de la materia, van a haber demostrado en un ensayo y a través de su currículum que tienen la experiencia y el perfil para estar ahí y van a haber demostrado en una entrevista que tienen capacidad de argumentar, de debatir y proponer soluciones para los problemas de nuestra democracia”, finaliza.

¿Selección por tómbola?

Ante la negativa de Morena y sus aliados del PT y del PVEM en la Cámara de Diputados de negociar con los grupos parlamentarios de oposición, se perfila que la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral sea por tómbola.

Con el tiempo encima y un Comité Técnico de Evaluación (CTE) integrado mayormente con perfiles afines al partido en el Gobierno, desde el viernes pasado, se lleva a cabo en el recinto legislativo de San Lázaro el proceso selección de aspirantes a suplir a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz.

La Cámara de Diputados fijó como plazo el 30 de marzo para votar las cuatro quintetas que presente el CTE, periodo en el que los coordinadores parlamentarios deberán llegar a un acuerdo que permita lograr la mayoría calificada para ser votada en el pleno.

Morena, PT y PVEM, por sí solos, no alcanzan las dos terceras partes de la votación para sacar los nombramientos.

El escenario se ve complicado y por ello, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la reunión plenaria de los diputados de Morena del pasado 30 de enero, dijo a los legisladores de su partido que no suplicarían la construcción de una mayoría constitucional artificial con las otras bancada, por lo que sería preferible que la elección sea vía insaculación o tómbola.

La incapacidad de los partidos tanto de oposición como de los que respaldan al gobierno de la cuarta transformación complica el proceso para seleccionar a los nuevos consejeros electorales. Foto: Especial
La incapacidad de los partidos tanto de oposición como de los que respaldan al gobierno de la cuarta transformación complica el proceso para seleccionar a los nuevos consejeros electorales. Foto: Especial

Con esta instrucción dictada desde el Palacio de Covián, se ve difícil que Morena quiera negociar con el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, por lo que tendrán que irse a la insaculación.

En el peor de los casos, el proceso podría salir de San Lázaro y llegar a la Suprema Corte de Justicia, donde se decidirán quiénes serán los nuevos integrantes del Consejo General del INE.

Los líderes parlamentarios de los partidos que conforman la coalición Va por México (PAN, PRI y PRD), Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis E. Cházaro, han rechazado la insaculación como último recurso para elegir a los cuatro nuevos consejeros electorales y piden que se privilegien el diálogo y la construcción transparente, de cara a la ciudadanía y se designe a los aspirantes más capacitados y con perfiles que garanticen la continuidad de la democracia en México, y que legitimen los procesos electorales venideros.

“No estamos en la idea de cuates ni de cuotas, vamos por revisar perfiles que den garantía y certeza de llevar la elección más importante de la historia”, expresaron los coordinadores de las tresbancadas.

De acuerdo con la convocatoria, la votación en el pleno de la Cámara de Diputados para elegir al próximo presidente del INE y a tres consejeros electorales sería el 30 de marzo, pero de no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes, se prevé designarlos por insaculación el 31 de marzo.

Si por alguna circunstancia no se pudiera celebrar dicho sorteo en la Cámara de Diputados, las cuatro quintetas con los nombres de los finalistas serían remitidas a la Suprema Corte de Justicia para la insaculación de los nuevos funcionarios electorales.

Continúa polémica por ‘Plan B’

El “Plan B” es un fraude a la Constitución y un atentado a la democracia, alertan senadores de oposición, al anunciar que ni en comisiones ni en el Pleno aprobarán el cambio al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocida como “cláusula de vida eterna”, que daría votos artificialmente a los partidos satélites de Morena (PT y PVEM).

Durante los últimos días la presión de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, MC y Grupo Plural fue tanta, que los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, Mónica Fernández Balboa y Rafael Espino de la Peña, de Morena, se vieron obligados a convocar a reunión el martes 21 de febrero, con la finalidad de dictaminar la minuta con las cuatro leyes pendientes del Plan B del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, tras recibir una orden del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, recularon y citaron a los legisladores de ambas comisiones a reunión el día de hoy a las 17:00 horas.

Aunque los opositores saben que en las comisiones unidas se aprobará la minuta, esperan que martes o miércoles se suba al Pleno para que, con mayoría simple de Morena y sus aliados del PT y PVEM, también se avale, con lo que concluiría aparentemente todo el proceso en materia electoral.

Y es que los coordinadores parlamentarios de la oposición anunciaron que esperarán pacientemente que el jefe del Ejecutivo federal promulgue la reforma electoral para, inmediatamente, interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad, tal y como ocurrió en diciembre pasado cuando se aprobó el primer paquete denominado Plan A.

Mientras las reformas secundarias en materia electoral propuestas por el titular del Ejecutivo federal avanzan en el Congreso de la Unión, la oposición advierte sobre los peligros. Foto: Especial
Mientras las reformas secundarias en materia electoral propuestas por el titular del Ejecutivo federal avanzan en el Congreso de la Unión, la oposición advierte sobre los peligros. Foto: Especial

El morenista César Cravioto, considera que la oposición está haciendo una novela sobre el Plan B que aprobaron las dosCámaras en diciembre pasado.

El senador dijo a Reporte Índigo que tras ser aprobado hoy el dictamen en Comisiones, mañana en el Pleno “insistiremos en lo positivo que representa la reforma electoral, la cual es totalmente constitucional”.

Refiere que la oposición está en su derecho de acudir a la Corte, pero advierte que se llevarán un “chasco”; sin embargo, señala que estarán atentos a ver cómo se comportan los ministros.

Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, lamenta que “ya hay un daño latente”, porque la mayoría del Plan B ya fue aprobado en diciembre pasado por el Congreso y no se ha publicado.

Por su parte, Ricardo Monreal Ávila dejó en claro que no hay ninguna estrategia de Morena para acortar los tiempos a fin de que la SCJN no pueda declarar inconstitucional la reforma.

En contraparte, el panista Julen Rementería del Puerto asegura que el plan de Morena y del Gobierno es “tramposo”, ya que buscan desincentivar la participación de la ciudadanía en la marcha convocada en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la democracia que se llevará a cabo el próximo 26 de febrero en la Ciudad de México y en más de 60 puntos del país.

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