Quienes dañen monumentos en marchas deberán limpiarlos y restaurarlos, propone Morena

Este martes, el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, propuso en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, que se sancione a aquellas personas que durante las marchas dañan los monumentos e inmuebles.

El legislador de Morena explicó que se debe castigar a las personas que dañen monumentos con un trabajo comunitario de hasta 36 horas, el cual incluiría labores de limpieza y pintura.

Aún más, el morenista hizo hincapié en que en los casos en los que los monumentos resulten severamente dañados deberán ser restaurados luego que se disponga en la fracción 5 del Artículo 29 de la Ley de Cultura Cívica.

“El problema nunca será que las personas ejerzan su derecho a manifestarse, sino esencialmente el tema deriva de aquellas personas que, sin el propósito de ejercer su derecho a la libertad de expresión se convierten en personas provocadoras que impulsan y generan violencia”, detalló.

Nazario Norberto precisó que se debe proteger la libertad de expresión; sin embargo, se debe poner orden a los colectivos que en las marchas generan vandalismo y delitos.

Agregó que los actos de estos colectivos generan violencia y agravios físicos en contra de periodistas, transeúntes y hasta personas que sí se manifiestan pacíficamente.

El diputado de Morena argumentó que en 2019, la Secretaría de Cultura de la Capital comunicó que el costo de la reparación, mantenimiento y limpieza de los espacios públicos afectados por diversas marchas es de cerca de tres millones de pesos.

Por ello es que recordó que al sector privado también le han costado bastante estas manifestaciones, ya que en 2020 sus pérdidas ascendieron a unos 92 millones de pesos, siendo los más afectados los pequeños negocios.

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De acuerdo con sus datos presentados, los pequeños negocios estimaron aproximadamente 70 millones de pesos en daños monetarios lo que los colocó en una situación compleja sumada a la pandemia.

Finalmente, Nazario Norberto Sánchez presentó previamente ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para despenalizar el aborto y que se reconozca el derecho a la interrupción legal del embarazo en todo el país.