En la alcaldía Álvaro Obregón persisten las malas prácticas como contratar empresas con historiales de anomalías, pese a que hay un nuevo alcalde.

Hasta enero de 2020, la polémica Layda Sansores estuvo a cargo de la demarcación y después se fue a Campeche para ser candidata de Morena a gobernadora.

No obstante, su sucesor Alberto Esteva Salinas, en solo seis meses de gestión como alcalde sustituto, ha adjudicado más de 28 millones de pesos a empresas que tienen un historial de irregularidades.

De enero a junio pasado la demarcación contrató a cuatro compañías que han sido investigadas por órganos auditores federales y locales por incurrir en diversas anomalías en contrataciones con la administración pública.

Este tipo de irregularidades han sido una constante en la primera alcaldía de Álvaro Obregón e incluso la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) las ha evidenciado.

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Empresas grises participan en Álvaro Obregón

De enero a junio de 2021, la demarcación territorial adjudicó 28 millones 572 mil 685 pesos en contratos a cuatro compañías con un historial de anomalías, revela información sobre las contrataciones de la demarcación en el primer semestre de este 2021 que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

El primer caso es el de la empresa Techados y Reciclados VOT S.A. de C.V. a la que se le benefició con el contrato CAPS/2021-01/014 para el “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo menor de los sistemas de calentamiento de bombeo y filtrado de las albercas en las instalaciones deportivas de la alcaldía Álvaro Obregón”, por un monto de 2 millones 325 mil pesos.

La empresa fue investigada en 2018 por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México por cobrar servicios no realizados para el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, consta la indagatoria A-1/2020 de la entidad fiscalizadora.

Según la auditoría, el proveedor cobró más de dos millones de pesos por trabajos que no llevó a cabo.

La segunda empresa es Funciones Ocupacionales Insha a la que la alcaldía otorgó en este año el convenio comercial CAPS/2021- 01/005 para el servicio de arrendamiento de vehículos ambulancia por 12 millones 911 mil 386 pesos.

Lo anterior, aun cuando en junio de 2015 legisladores federales pidieron investigarla por una presunta venta a sobreprecio al Gobierno de Baja California.

En esa fecha, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República presentó un punto de acuerdo (que fue aprobado) para exhortar a la Contraloría General del Estado a informar sobre las investigaciones por una presunta compra a sobreprecio de un servicio de identificaciones biométricas.

Según el punto de acuerdo, Funciones Ocupacionales Insha proporcionó licencias de conducir con información biométrica, supuestamente, 10 veces más caras que otros proveedores.

El tercer contratista con un historial anómalo es Especialistas en Acabados Profesionales a la que Álvaro Obregón, quien adjudicó el servicio de “Mantenimiento y Poda de Árboles” en el primer semestre de este 2021 por medio del documento CAPS/2021-01/018 en el que se acordó un pago de 9 millones 756 mil 300 pesos.

En el caso de esta compañía, en 2018, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) halló irregularidades cuando fue contratada para dar mantenimiento a elevadores del Metro y, según la investigación ASCM/112/15, fue beneficiada con la adjudicación aunque no presentó un estudio de mercado.

Además, en 2019, el Órgano Interno de Control de la Cámara de Diputados investigó a dicha empresa porque no prestó el servicio de impermeabilización y reparación de lozas y pretiles al órgano legislativo como se acordó en el contrato DGAJ-OP-006/2017.

Por último, está la compañía Green Patcher a la cual, Álvaro Obregón le adjudicó en este 2021 el servicio de “Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento (Bacheo) en Diversas Ubicaciones, dentro del Perímetro de la Alcaldía Álvaro Obregón. (A Demanda Zona B)” por medio del convenio comercial AAO-DGODU-AD-L-1-011-2021 y en el que se acordó como pago la cantidad de 3 millones 579 mil 999 pesos.

Lo anterior pese a que Green Patcher fue investigada en 2019 por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México por anomalías en los contratos celebrados en 2018 con la extinta Agencia de Gestión Urbana (AGU) para el bacheo, balizamiento y reencarpetamiento de vialidades primarias de la capital.

La auditoría A-1/2019, indica que la compañía recibió un contrato por 40 millones de pesos en el que se hallaron dos incumplimientos por parte de Green Patcher: no hizo los estudios necesarios para que se le adjudicaran las labores de bacheo y no se encontró evidencia de que hubiera llevado a cabo trabajos por un monto de 312 mil pesos.

Las cuatro empresas fueron contratadas por adjudicación directa, es decir, se les solicitó sus servicios sin concurso de licitación pública a pesar del historial de irregularidades que acumulan

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