Bajo el esquema del outsourcing han permeado prácticas de simulación en relaciones laborales y evasión de cuotas obrero-patronales que afectan directamente a los trabajadores; así como prácticas de defraudación fiscal, reconocen autoridades federales, especialistas y organismos enfocados en este tema.

Sin embargo, este no es el único mecanismo en el mercado laboral que ha contribuido a la precarización de los empleos, advierte María Ayala, coordinadora de investigación de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.


Es importante resolver el outsourcing abusivo pero también separarlo de la subcontratación de servicios externos, al igual que eliminar la suplantación de los patrones, el abuso de los contratos temporales que permiten que cada vez que recontratan a los empleados sea una empresa diferente y atacar la evasión total o parcial de las obligaciones de afiliación del IMSS, entre otros

María Ayala

Coordinadora de investigación de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza

No existen datos exactos en torno al número de personas que están contratadas bajo el esquema de outsourcing, pero cálculos presentados por el Gobierno federal señalan que actualmente hay cuatro millones 600 mil trabajadores y una incorporación promedio de 200 mil empleados al año.

Estos datos también señalan que la mitad del personal subcontratado bajo este modelo es en empresas grandes, es decir, que cuentan con más de 250 trabajadores.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que el outsourcing otorga certeza jurídica en materia laboral y fiscal a las empresas, incrementa la productividad y disminuye la rotación de los empleados, permite un esquema de flexibilidad laboral, así como la capacidad de los contratantes a acceder al mejor talento posible, entre otras ventajas.

Pero también reconoce que a través del incumplimiento de obligaciones patronales, se provoca la generación de fuentes de empleo que carecen de condiciones dignas y decentes; y ha contribuido al subregistro salarial de los empleados, así como a prácticas de simulación, evasión y elusión de impuestos.

“Sabemos que si para una empresa su utilidad dependía de violar los derechos laborales de los trabajadores definitivamente hay un riesgo en que aumente el desempleo o se incurra en informalidad, la cual muchas veces en realidad es precariedad, por eso debemos de seguir empujando que la seguridad social deje de ser una prestación laboral y sea un derecho humano”.

Datos del Observatorio de Trabajo Digno señalan que 32.4 millones de trabajadores, es decir, 61 por ciento del total de la población ocupada, no cuenta con seguridad social.

Además 40.7 por ciento de los trabajadores mexicanos perciben un salario que no alcanza para comprar una canasta básica, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

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