Casi cinco meses se prolongaron las negociaciones entre el Gobierno federal, la iniciativa privada y líderes sindicales para lograr un acuerdo sobre la regulación de la subcontratación o el llamado outsourcing.

Fue el 12 de noviembre de 2020 que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa de reforma que prohibía la subcontratación del personal, modificaba la contratación de servicios especializados y endurecía el castigo a empresas por violar la ley.

Al equipararlo con una forma de defraudación fiscal, se propuso castigar con multas por hasta 4.3 millones de pesos y penas de hasta nueve años de cárcel a los que incurrieran en ese esquema “que se deformó y se echó a perder” porque no se reconocen los derechos laborales fundamentales de los trabajadores al no recibir aguinaldo ni reparto de utilidades, entre otras prestaciones.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, dijo que unos 4.6 millones de trabajadores están en este formato de contratación.

Tras las críticas del sector empresarial, el 23 de noviembre, López Obrador señaló que se analizaría modificar la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados para regular la subcontratación si se comprobaba que no había afectación para los trabajadores.

Ese mismo día, tras una reunión en Palacio Nacional que encabezó el primer mandatario, el Gobierno federal y la iniciativa privada se declararon en “sesión permanente” para dialogar sobre posibles modificaciones a la iniciativa presidencial, por lo que se estableció una mesa de diálogo para escuchar las inquietudes de la IP y sus propuestas.

Una semana después, el 30 de noviembre, en otro encuentro en Palacio Nacional, se avanzó en la negociación con un acuerdo para eliminar el outsourcing.

Pese a los avances, el 3 de diciembre concluía sin un acuerdo la reunión de más de dos horas entre el presidente y los empresarios.

Ese día, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), expresó que la negociación era muy compleja y se definía qué actividades estarían permitidas. También se discutía lo referente al reparto de utilidades y los tiempos de implementación.

Un día después, el primer mandatario afirmó que se le había infundido “miedo” a la IP con dicha iniciativa, pero no estaba “roto” el diálogo.

Para el 9 de diciembre, se firmó en Palacio Nacional un acuerdo con el sector obrero y empresarial para la regulación de la subcontratación y el reparto de utilidades, al tiempo que solicitaron a los legisladores aplazar la discusión de la iniciativa presidencial hasta febrero del 2021.

En Día de Reyes, el 6 de enero de este año, y aunque se mantienen las negociaciones con la iniciativa privada, el presidente López Obrador aseveró que “va en serio” la eliminación de la subcontratación.

Una semana después, el 14 de enero, dijo que el sector empresarial y obrero dialogaban para llegar a un acuerdo sobre el reparto de utilidades.

Señaló que ese diálogo estaría a cargo de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y se retomaría cuando cambiara el color del semáforo epidemiológico en la ciudad de México.

La tarde del lunes 5 de abril, sin grandes anuncios ni un acto en Palacio Nacional, con un mensaje en sus redes sociales, el presidente López Obrador informó que se llegó a un acuerdo entre la iniciativa privada y líderes sindicales sobre la subcontratación y el reparto de utilidades.

Solo adjuntó una fotografía en la que se observa a funcionarios federales, líderes sindicales, representantes de la iniciativa privada y legisladores.

Tras casi cinco meses de negociaciones, el primer mandatario no mencionó el tema en la “mañanera”.

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