Por el IETU Hacienda adeuda $250 mil millones

18 de Sep, 2012

El pago en una sola emisión podría desfalcar al fisco; habría que buscar hacerlo en varios ejercicios

"No es fácil pensar que se puede eliminar de un plumazo desconociendo que existe ese saldo”

El problema que presenta hoy la posibilidad de desaparecer el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) en la reforma fiscal es que las autoridades hacendarias le deben a las empresas 250 mil millones de pesos por esta carga impositiva en los últimos cinco años.

Y es un boquete que Hacienda no puede pagar en una sola entrega.

Así opina el especialista en finanzas Luis Pérez de Acha.

Y es que de hacerlo tendría que definir si limita el acreditamiento de este impuesto, que por ley les corresponde a las empresas, o lo otorga con el consecuente efecto negativo en la recaudación.

El IETU fue aprobado por el Congreso de la Unión en junio 2007 como parte de la reforma fiscal propuesta por el presidente Felipe Calderón y entró en vigor el 1 de enero del 2008.

La carga impositiva ha producido un efecto devastador para las empresas, “todo el sector empresarial se ha visto perturbado”, explica Pérez de Acha a Reporte Indigo.

Por eso, se debería derogar. Sin embargo, hacerlo ocasionaría otro problema: hay impuestos de ejercicios anteriores que están pendientes de acreditarse de parte de varias empresas, asegura el especialista.

Opina que habrá que tomar una decisión de política fiscal si se limita o no ese acreditamiento de las empresas, con el consecuente efecto negativo de reducirse la recaudación.

Sin duda, dice, la eliminación traería un reto mayúsculo pues durante varios años la recuperación que se establece a favor de las empresas se ha restringido cada año por el propio Congreso de la Unión, a través de la Ley de Ingresos, y se ha venido acumulando.

La desaparición de este impuesto es una medida obligada de política fiscal, a favor del desarrollo de las empresas porque ha sido depredador contra una economía que necesita apoyos para fomentar su crecimiento, agrega.

Pero la eliminación traería un reto mayúsculo por afrontar porque por varios años la recuperación no se ha dado y hoy la cifra llega a 250 mil millones de pesos, insiste.

Si el gobierno decide derogar y se establece una disposición transitoria en la que se permita la recuperación de las empresas por el IETU pagado todos estos años, la medida sería justa porque es una disposición fiscal contenida en la ley.

Sin embargo, el problema es que la hacienda pública “no puede aguantar un boquete de esa magnitud” porque no hay los márgenes suficientes en las finanzas públicas para asumir otro tipo de gastos.

“Una cantidad de esa magnitud por concepto de saldo deudor que tendrían las finanzas públicas, sería gigantesco”, sentencia el especialista.

Pérez de Hacha propone una solución: establecer un periodo de más ejercicios para que las empresas pudieran recuperarlo pero tendría que hacerse en sistemas de justicia social.

Es decir, permitiendo que esos saldos se actualicen conforme a la inflación o bien equipararlo a las mismas tasas de recargos que pagan los contribuyentes. 

Si el Congreso decidiera suprimir el IETU y no respetar esa recuperación, “traicionaría a los contribuyentes e incumpliría una promesa de deuda que debemos entenderla en el sentido legal porque está en la Ley de Ingresos desde que este impuesto entró en vigor.

“No es fácil pensar que se puede eliminar de un plumazo desconociendo que existe ese saldo, si se hace sería algo injusto a un sector que se ha destruido como para todavía darle un mazazo final”.

Sin duda, admite, es un tema fuerte de política fiscal, se tiene que obsequiar esa promesa dada por el Legislativo.

Cabe recordar que el IETU se creó para que corriera de manera paralela al ISR y así tener efectos compensatorios para efectos de recaudación.

Pero si ese efecto compensatorio se afectó con la eliminación de la recuperación, explica, produjo un desbalance que descapitalizó a buena parte de las empresas del país.

Las autoridades hacendarias conocen perfectamente esta situación porque fue una decisión consciente, al grado que el tema se llevó a la Suprema Corte de Justicia y validó su constitucionalidad.

El papel de la Corte

El 27 de enero del 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que para acreditar el interés jurídico del IETU, las empresas debieron presentar el comprobante fiscal de haber pagado el impuesto o bien el comprobante de aquellas actividades sujetas al mismo.

Todas aquellas que no lo incluyeron en su demanda de juicio de amparo se desecharon por no acreditar la afectación de sus derechos.

Fue así como este sector sufrió un revés judicial, pues le fue negado el amparo en las casi 32 mil demandas que interpusieron contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única.

A las casi 32 mil demandas de amparo también se sumaron mil 600 solicitudes de demandas de garantías que se desecharon por insuficiencia probatoria.

Fue así cuando el 14 de abril de 2008 entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que dotó de competencia a los citados juzgados, para apoyar a los demás órganos en el dictado de sentencias contra el IETU, ante el elevado número de demandas promovidas.

El juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, Carlos Alfredo Soto Morales, ratificó en su momento la constitucionalidad de las disposiciones que limitan o condicionan los conceptos a deducir a cargo de quienes pagan el impuesto, como sueldos, intereses y regalías.

La disposición se tomó aduciendo que el IETU tiene una tasa menor que el Impuesto Sobre la Renta (ISR), y por ende, se le permiten menos deducciones.

En relación al régimen transitorio también se declaró su constitucionalidad porque si el impuesto reclamado no grava los ingresos obtenidos antes de su entrada en vigor, es razonable que los gastos realizados con anterioridad a ella no puedan deducirse.

Los pendientes

Lo que no ha resuelto la Corte, acota Pérez de Acha, es “si se da una estocada final”, es decir, la inconstitucionalidad o no el pago a las empresas por la acreditación pendiente del IETU.

En términos de justicia constitucional tendría que hacerse. “Si a las empresas se les aseguró que iban a tener ese derecho sería desquiciante pensar que ahora se les dijera que siempre no”.

Ya tenemos la experiencia en el país, resume, que cuando se han tenido que tomar medidas de este tipo con otros impuestos, las recuperaciones se han realizado en varios ejercicios para que la hacienda pública “no resulte fracturada”. 

Quiénes pagan el IETU

Están obligados a pagar este impuesto las personas físicas y morales residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país.

El impuesto se pagará por los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen.

Por la realización de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

Estos ingresos se acumularán para efectos del IETU cuando sean efectivamente cobrados.

Se podrán deducir todas las erogaciones, excepto por concepto de salarios, Impuesto sobre la Renta (ISR), intereses que deriven de contratos de préstamo.

También por financiamiento o arrendamiento financiero y las aportaciones de seguridad social. Los ingresos exentos de pagar el IETU son aquellos obtenidos por Entidades Federativas, Municipios, órganos constitucionales autónomos y entidades de administración pública.

Radiografía de los impuestos

El Servicio de Administración Tributaria reveló que  en 2011 los ingresos tributarios administrados por el SAT crecieron 6.1 por ciento en términos reales. 

Los impuestos suman mil 416 millones de pesos (mdp), que equivalen al 9.8 por ciento del PIB de México.  La recaudación acumulada de ISR-IETU-IDE creció 8.1 por ciento real anual respecto a 2010. 

— ISR

En 2011 los mexicanos pagamos 720.3 mdp en Impuesto Sobre la Renta (ISR), 11.2 por ciento más que en 2010.  Equivale a 5% del PIB nacional. 

— IVA

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) sumó 537 mdp en 2011, 2.9 por ciento más que en 2010 y equivalen a 3.8 por ciento del PIB nacional.

Los ingresos del IVA petrolero aumentaron 11.1 por ciento real, mientras que por IVA no petrolero disminuyeron 2.3 por ciento. Las devoluciones de IVA aumentaron 14 por ciento real. 

— Gasolinas y diesel

La recaudación por gasolina y diesel fue negativa en 145.8 mdp, pues de acuerdo con el SAT, los precios promedio de venta al público son menores al precio productor de Pemex. 

— Aumenta número de contribuyentes

En 2011, se sumaron al padrón 3.5 millones de nuevos contribuyentes, 10.5 por ciento más respecto a 2010. 

Según el SAT, 2.9 millones de nuevos empleados llegaron al mercado este 2011. De ellos, 497 mil fueron personas físicas y 95 mil empresas.  En total, México tiene 36.98 millones de contribuyentes activos. 54% más que los que figuraban en el padrón antes de comenzar el sexenio actual. 

— Pago a través de Internet

Los contribuyentes realizaron 51.3 millones de operaciones de pago a través de Internet (78% del total) y 5% más que el año anterior.

En 2011, las personas físicas realizaron 33 millones de operaciones por internet,  7.7% más que en 2010. Es decir, siete de cada 10 personas físicas pagan sus impuestos de forma electrónica. 

— Devoluciones

El SAT devolvió 95 mdp de lo recaudado por concepto de ISR, cifra similar a la devuelta el año anterior. 

Asimismo, se devolvieron 41.15 mpd de lo recaudado en IVA, un 21.9 por ciento más que en 2010.

Por su parte, el sistema electrónico permite que, al cerrar 2011, recaudar un peso cueste al Gobierno 0.94 centavos. 

— Corrupción

El avance en la percepción de corrupción en el SAT no se movió prácticamente nada de 2010 a 2011, si bien, presenta un avance del 42 por ciento desde el año 2003 a la fecha.

Gracias a programas de fiscalización que buscan combatir el contrabando, se aseguraron 13.5 millones de dólares y 5.2 mdp. 

Estos fondos fueron confiscados tras investigar diferentes operaciones ilegales de capitales.