Defensores en riesgo.- ONU
En México, las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas se han convertido en un blanco casi sistemático de los ataques, tanto del crimen organizado como de instituciones del Estado, denunció Michel Forst, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidades (ONU) sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México.
El Relator de la ONU consideró que el Estado mexicano ha avanzado en protección a defensores de DH
“Los tribunales imponen medidas precautorias (prisión) contra los defensores, sin garantizar el derecho a un debido proceso penal”
En México, las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas se han convertido en un blanco casi sistemático de los ataques, tanto del crimen organizado como de instituciones del Estado, denunció Michel Forst, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidades (ONU) sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México.
Al concluir una visita de nueve días de trabajo, el Relator Especial concluyó de manera preliminar que “al Estado Mexicano le falta mucho aún por hacer para alcanzar el momento de respeto al trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
Luego de reunirse con víctimas de la violencia y personas agredidas por instituciones del Estado, tras visitar la Ciudad de México y los estados de Chihuahua, Oaxaca, Guerrero y Estado de México, consideró que el mayor signo de las agresiones en nuestro país es la criminalización de la actividad de la defensa de los derechos humanos.
“Esto se realiza a través del mal uso deliberado del derecho penal y de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de agentes estatales y no estatales, para obstaculizar, e incluso impedir el legítimo derecho del defensor o la defensora de derechos humanos a promover y proteger los derechos humanos”, aseguró.
Según la información recibida, dice el informe del Relator Especial de la ONU, en nuestro país “los tribunales imponen medidas precautorias (prisión) contra los defensores, sin garantizar el derecho a un debido proceso penal”, en donde de manera frecuente los defensores son acusados, en base a declaraciones de funcionarios, de cometer crímenes, de obstaculizar la seguridad o el desarrollo nacional.
A eso se suma la impunidad y la falta de voluntad política para atender las agresiones, temas que son vistos desde la ONU como los principales desafíos que tiene el gobierno mexicano, a fin de estar en armonía con los preceptos establecidos desde ese organismo internacional.
De acuerdo a Michel Forst, la tasa de impunidad que se registra en México, por la forma en que se criminaliza a los defensores de derechos humanos, es muy alta; “aproximadamente el 98 por ciento de los crímenes cometidos siguen sin resolverse”.
Otro hecho que encontró el Relator Especial de la ONU es el que refiere que periodistas y personas defensoras de los derechos humanos son vigilados digitalmente, mediante programas maliciosos de cómputo, lo que va de la mano con “las lagunas legales que permiten amplias competencias de vigilancia sin supervisión judicial, ni rendición de cuentas”.
Pero, aun así, el Relator Especial de la ONU consideró que el Estado Mexicano ha logrado algunos avances en materia de protección a defensores de derechos humanos, pero estimó que el gobierno “tiene muchos retos para proteger a las personas defensoras de las garantías fundamentales”.
Por eso, recomendó “que las leyes y políticas, cuya ambigüedad se ha utilizado para criminalizar a las defensoras y defensores de derechos humanos por su legítima labor, se revisen con objeto de que su contenido e implementación respeten el principio de legalidad y otras normas internacionales de derechos humanos”.
Una evaluación difícil
Tras reunirse con más de 600 personas defensoras de derechos humanos, quienes expusieron las condiciones que prevalecen en México, de acoso y hostigamiento contra quienes intentan velar por la tutela de las garantías individuales, Michel Forst, consideró que la evaluación que se deriva de esta visita, será “una evaluación difícil”.
Entre los ataques que más preocuparon al representante de la ONU está la descalificación social de la que son víctimas las personas defensoras de los derechos humanos, principalmente las que afrontan los proyectos económicos de las grandes empresas trasnacionales, mediante campañas de defensa por la tierra.
“Los llaman ecoterroristas, dicen que están ligados con el narcotráfico y el crimen organizado, los acusan de beneficiarse de fondos extranjeros”, y todo eso viene de voces oficiales.
Ese tipo de criminalización por lo general se desata cuando las comunidades completas atienden al llamado de los líderes, luego de hacer conciencia sobre los efectos negativos tanto para la comunidad como para el medio ambiente.
“Vemos las empresas internacionales, canadienses y otras, tomar el terreno, comprar bosques, lagos, ríos, excavar el subsuelo sin consultar a la población afectada, aunque el derecho internacional establece la necesidad de una consultación formal. No hay protocolo formalizado que garantiza que las comunidades afectadas sean consultadas. Por lo tanto, notamos ataques, asesinatos, secuestros, desapariciones de miembros de la población indígena”, explicó el Relator.
Pide un México nuevo
Al dar a conocer su evaluación preliminar sobre las condiciones que prevalecen en México para las personas defensoras de derechos humanos, el Relator Especial de la ONU dijo que entre las principales recomendaciones que se emitirán al gobierno mexicano está la de garantizar investigaciones prontas sobre las amenazas que enfrentan los defensores de derechos.
También se aconsejará que la PGR tenga áreas especializadas de investigación de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos.
Michel Forst adelantó que otra de las recomendaciones será la obligatoriedad de reconocer públicamente, tanto a nivel federal como estatal, el papel fundamental que realizan las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, condenando cualquier expresión pública que los desacredite.
Igualmente, se sugerirá que se apliquen las resoluciones, recomendaciones y medidas preventivas o urgentes emitidas por los órganos de tratados de la ONU y los procedimientos especiales, en particular del Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria y del Comité Sobre Desapariciones Forzadas.
Otra sugerencia será evitar la adopción de legislaciones y revisar las leyes que restringen el derecho a la libertad de asociación, expresión y reunión en el nivel estatal, incluyendo el establecimiento de definiciones ambiguas de delitos como “ataques contra la paz pública”.
